Hoy más que nunca, refrendamos nuestra solidaridad y compromiso con las familias de las 26 personas que perdieron la vida y de quienes resultaron con lesiones el 3 de mayo de 2021, fecha en la que colapsó una sección de la parte elevada de la llamada Línea Dorada, en el tramo comprendido entre las estaciones Olivos y Tezonco.
Luego de una audiencia que se extendió por más de 24 horas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo de un juez de control el auto de vinculación a proceso para ocho personas, por su probable participación en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos.
Las imputaciones realizadas por esta Fiscalía señalan que los ex servidores públicos tenían una responsabilidad clara, indubitable, contaban con el nivel de mando, la expertiz necesaria y un conocimiento amplio del tema en cuestión.
Y fue así que nuestros ministerios públicos presentaron ante la autoridad judicial diversos datos de prueba obtenidos de investigaciones científicas irrefutables que forman parte de la teoría del caso.
Para lo anterior, la Fiscalía conformó un equipo multidisciplinario de profesionales en diversas materias que han trabajado con nuestros judicializadores para la formulación de las imputaciones referidas.
Miles de diligencias, dictámenes periciales, inspecciones oculares y testimonios realizadas hasta el momento refrendan nuestro compromiso para que el colapso en la Línea 12 del Metro no quede impune.
Tras ser vinculados a proceso, a los ocho ex servidores públicos les fueron dictadas medidas cautelares que van desde la presentación periódica durante el tiempo que dure el proceso, hasta la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, siempre que no atente contra su derecho de defensa.
Para cinco de ellos, además, el juez determinó la prohibición de salir del país sin autorización y poner a resguardo de la Unidad de Gestión Judicial el pasaporte de cada uno.
Asimismo, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, como de la propia Fiscalía, hemos dedicado todos los esfuerzos que sean necesarios para el acceso a la justicia, tanto legal, como restaurativa, que garantice conocer la verdad y la no repetición de los hechos.
En esta Fiscalía cumplimos con la obligación constitucional de procurar justicia a través de la investigación penal, así como de la revelación pública y completa de la verdad; todo, encaminado a conseguir el castigo para los posibles responsables, así como la reparación integral del daño, que significa la asistencia a las víctimas en todas las etapas del proceso.
Lo hemos acotado en su oportunidad y hoy hacemos énfasis en ello. Esta Fiscalía no litiga en medios, litiga en los tribunales, donde hoy acreditamos fehacientemente, con datos de prueba científicos, profesionales y veraces, la probable participación de ocho ex servidores públicos en los hechos ocurridos en el tramo elevado de la Línea 12.
La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la Ley, por lo que refrenda su compromiso para investigar a quienes cometan cualquier conducta fuera de ella y con ello evitar la impunidad.
Al margen de la Ley, nada, por encima de la Ley, nadie.
