El tamaulipeco Américo Villarreal optó por una defensa visual y directa: en un encuentro con medios, sacó la cartera, mostró su documento ante las cámaras y aseguró con firmeza no haber recibido ninguna notificación oficial de restricción. "Tengo la conciencia tranquila", afirmó, calificando las insinuaciones del reportaje como "irresponsables" y carentes de sustento verificable. Por su parte, el entorno de Alfonso Durazo en Sonora desmintió categóricamente el reporte, asegurando que el gobernador mantiene su documentación en regla y sus canales institucionales abiertos. Sin embargo, el reportaje estadounidense introduce un matiz técnico complejo que añade opacidad al conflicto. Según el rotativo, a pesar de las presuntas restricciones migratorias, los funcionarios habrían seguido cruzando la frontera amparados bajo un parole o permiso especial por razones de Estado; una figura legal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. ha evitado aclarar del todo, dejando la narrativa en un terreno pantanoso donde la verdad formal y la política se confunden. 

Desde el púlpito de la "Mañanera del Pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura que combinó la cautela de la jefa de Estado con un marcado rechazo al uso de las filtraciones mediáticas como armas de desgaste. Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria fue clara al señalar que los propios gobernadores deben aclarar su situación frente a la opinión pública, pero no dudó en cuestionar el trasfondo y la temporalidad de estas revelaciones en el marco de la compleja relación bilateral con la actual administración de la Casa Blanca. "Aclaren, pero ¿qué intención hay con quitar la visa y además hacerlo público?", cuestionó la presidenta con un tono de franca advertencia. 

Para Sheinbaum, este tipo de medidas parecen buscar la siembra de una narrativa de vulnerabilidad y miedo en la clase política mexicana —un mensaje implícito de "cuidado, te pueden quitar la visa"— para influir en la percepción pública y socavar la soberanía nacional. La jefa del Ejecutivo insistió en que cualquier señalamiento de carácter judicial debe transitar por los canales diplomáticos y legales correctos. Dejó claro que, si las agencias de inteligencia de los Estados Unidos poseen pruebas sólidas y verificables sobre cualquier funcionario mexicano, lo conducente es presentarlas de manera formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en lugar de administrarlas a través de los medios. 

"Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tampoco actuaremos basados en el puro chismerío", sentenció, marcando una línea de defensa frente a lo que en los círculos del partido gobernante se percibe como una campaña de injerencismo destinada a golpear los bastiones de Morena en el norte del país. Lo que queda en claro tras este nuevo diferendo es que la relación entre ambos países ha entrado en una fase donde la diplomacia se juega tanto en los micrófonos como en las ventanillas migratorias. 

Mientras Washington utiliza el control de sus fronteras como un mecanismo de presión directa sobre los liderazgos regionales de México, el gobierno federal exige seriedad procesal para evitar que la justicia se convierta en el brazo político de una agenda electoral externa. El balón de la aclaración está ahora en la cancha de los gobernadores, pero las reglas del juego se siguen dictando al otro lado del Río Bravo.