El Congreso aprobó una reforma que agiliza la ejecución de órdenes de expulsión y amplía a cinco años la prohibición de reingreso en determinados casos

Chile dio un nuevo paso en el endurecimiento de sus mecanismos de control migratorio luego de que el Senado aprobara una reforma destinada a facilitar la expulsión administrativa de extranjeros que tengan órdenes vigentes.

La iniciativa recibió 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención durante la votación del informe de una comisión mixta. Con esta decisión, el proyecto concluyó su trámite en el Congreso y quedó pendiente de las etapas legales correspondientes para su entrada en vigor. <Cite refs={["turn494591search1","turn494591search2"]}/>

Uno de los cambios más relevantes permitirá que la Policía de Investigaciones (PDI) solicite autorización a un juez de garantía para ingresar a un domicilio donde se encuentre una persona extranjera con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

La medida busca facilitar la localización de quienes deben abandonar el país por resolución administrativa. No obstante, el ingreso a una vivienda estará sujeto a autorización judicial, por lo que no se trata de una facultad policial irrestricta.

La reforma también amplía de tres a cinco años el periodo de prohibición de reingreso para determinados casos y modifica los procedimientos relacionados con la ejecución de las expulsiones. Además, incorpora ajustes para agilizar la actuación de las autoridades migratorias y policiales. <Cite refs={["turn494591search4","turn494591search6"]}/>

El proyecto fue impulsado inicialmente durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric y posteriormente retomado por la administración del presidente José Antonio Kast, que lo incorporó a su agenda de seguridad pública.

Sus promotores argumentan que las nuevas disposiciones permitirán hacer efectivas resoluciones que enfrentaban obstáculos administrativos y operativos. La discusión, sin embargo, también plantea interrogantes sobre la aplicación de las medidas, las garantías de las personas afectadas y la capacidad institucional para ejecutar las órdenes pendientes.

La migración irregular se ha convertido en uno de los asuntos centrales del debate político chileno, particularmente por sus implicaciones en materia de seguridad, empleo, servicios públicos y control fronterizo.

Con la aprobación legislativa, Chile avanza hacia un marco más estricto para ejecutar expulsiones administrativas. La aplicación de los nuevos procedimientos dependerá de las disposiciones definitivas y del cumplimiento de las garantías legales establecidas.

Fuente: EFE, Emol y Senado de Chile.