Diputados aprueban en comisiones último dictamen
En favor del dictamen el secretario de la Comisión de Energía, Juan Bueno Torio, dijo que se está ante la posibilidad de transformar de fondo el sistema fiscal, vinculado a la industria de la energía.
Al fundamentar el dictamen elaborado por ambas instancias legislativas, indicó que el documento fortalece las finanzas públicas y establece mecanismos claros para garantizar el mejor ingreso para el país, derivado de la renta petrolera, y al mismo tiempo pone el piso parejo para todos los participantes.
Hoy se tiene un paquete enriquecido mediante el proceso de análisis legislativo que incorpora una gran cantidad de modificaciones que van en la dirección de fortalecer las finanzas públicas y establecer mecanismos claros para garantizar el mejor ingreso a la nación, señaló.
Expuso que de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se está concibiendo un nuevo régimen fiscal para Pemex, lo que es una demanda de todos los grupos parlamentarios y de buena parte de la sociedad que ha exigido que a la empresa se le deje de “sangrar” tanto, a fin de que sea capaz de realizar sus propias actividades.
Explicó que el régimen que se está planteando reduce de manera notable la carga fiscal que tendrá la paraestastal.
Asimismo, dijo, se elimina el límite de costo que se le pone a la petrolera. “Teníamos un costo únicamente de 6.50 dólares por barril, se elimina ese tope y se establece un mecanismo vinculado como límite en el porcentaje de los ingresos de la compañía, permitiendo deducir en periodos posteriores lo que no puede deducir en un año determinado”.
Esto, sostuvo, es un gran esfuerzo para que la empresa se fortalezca financieramente. Contiene la simplificación de la carga administrativa de la empresa, pues en lugar de que como hoy pague 11 derechos que debe cubrir en todo el proceso en el futuro sólo le aplicarán tres.
También, abundó, se modifica el régimen fiscal de los contratados que venía en la propuesta del Ejecutivo.
Ahora, para fomentar una mayor inversión de los participantes en exploración de hidrocarburos, el dictamen prevé cambiar esta condición y se permitirá que un contratista que registre pérdidas en un contrato de exploración y producción pueda acreditarla contra las ganancias de otro contrato que se encuentre en etapa de producción.
Esto es, explicó, se relaja en cierta medida el cerco fiscal que se había establecido únicamente contrato por contrato.
Empero, si un contratista genera utilidades en un pozo o en actividad productiva y también esa empresa se dedica a actividades de refinación o de petroquímica no podrá cargarle o deducir las pérdidas de refinación, por ejemplo, en sus utilidades que tenga por explotación o producción de recursos petroleros.
“No va a poder consolidar ese resultado de actividades distintas, ya que ello minaría la capacidad del Estado para capturar la mayor renta petrolera en nuestro país”, agregó.
Bueno Torio mencionó que habrá distintas variables para la adjudicación de los contratos.
Para salvaguardar los principios de claridad y transparencia en las licitaciones se aclara que dichas variables deberán estar asociadas solamente al monto o porcentaje de recursos que reciba el Estado, así como el monto que el contratista comprometa en la inversión.
Detalló que al incorporar la inversión como variable de adjudicación se busca tomar en cuenta no sólo a quien ofrezca el menor costo, sino quien brinde mayor inversión a valor presente para desarrollar de manera eficiente los campos, reforzando la capacidad del Estado para capturar mayor renta petrolera.
Además se establece, indicó, un impuesto en favor de las entidades federativas y municipios petroleros: el derecho de explotación de hidrocarburos.
“Es un derecho que pagarán las empresas por la ocupación que hagan de tierras en los estados en donde se está desarrollando la actividad productiva y que por esta actividad le paguen un derecho a los estados y a los municipios”.
Lo anterior “reconociendo que en las entidades y ayuntamientos en donde se realizan actividades para explorar y extraer hidrocarburos se generan afectaciones al ambiente y necesidades adicionales de infraestructura”, abundó.
Además, indicó, el dictamen propone una nueva contribución, que será aplicable a las áreas en exploración y producción y consiste en el pago de la superficie por el contratista o el asignatario que en este caso es Petróleos Mexicanos.
Manifestó que la recaudación de este impuesto se destinará de manera proporcional a la producción de hidrocarburos en cada estado y municipio, y se canalizará íntegramente a las entidades y ayuntamientos en donde se efectúen actividades productivas.
Respecto a la ley que expide el Fondo Mexicano del Petróleo, resaltó que será el encargado de recibir toda la renta petrolera, en particular de realizar los cálculos correspondientes para determinar la contraprestación que sea en favor de los contratistas, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público únicamente será la responsable de verificar dichos cálculos.
Puntualizó que se establece un vehículo financiero para que el público en general pueda invertir en proyectos del sector.
Se establece que el fondo será el encargado de la administración de los aspectos financieros de los contratos y generar el vehículo financiero que le permitirá a la sociedad en general poder participar en el sector.
Aseguró que con estas modificaciones se da un gran paso en el fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos; se abre la posibilidad a que nuevos operadores participen en la producción de hidrocarburos; y se garantiza que los excedentes del petróleo se administren de una forma distinta a como ha venido sucediendo.
“Los excedentes del petróleo se podrán destinar a la parte de ahorro, de inversión productiva, a becas, al fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico y, desde luego, un 10 por ciento de ese sobrante a las pensiones. Este paquete de reformas es benéfico para el desarrollo del país”, consideró.
Informó que México, Chile, Colombia y Perú representan hoy un mercado potencial de más de 237 millones de habitantes, así como el 50 por ciento del Producto Interno Bruto de toda la región latinoamericana, lo que convierte a la Alianza en una plataforma única para un mayor intercambio de los cuatro miembros que la conforman.
