Por Enrique Núñez

Mostrando una ignorancia absoluta, el gobernador Rafael Moreno Valle declaró que él no va a ofrecer ninguna disculpa a los familiares de José Luis Tehuatlie, toda vez que en las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no lo mencionan a él.

Con total desfachatez de manera textual, el gobernador dijo:

"En las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a mí no se me menciona, no es un asunto donde se haya hecho recomendación alguna al Ejecutivo. Entonces, lo que evidentemente hemos aceptado es darle seguimiento, y es lo que se está haciendo a través del jefe de mi oficina".

Evidentemente, Moreno Valle desconoce las responsabilidades que representa la titularidad del Poder Ejecutivo.

Las recomendaciones de la CNDH implican de manera directa a la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado Venegas; a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Facundo Rosas Rosas, y a la Procuraduría General de Justicia, al mando de Víctor Carrancá Bourguet. Y que las recomendaciones sí van dirigidas hacia su persona como titular y responsable del Poder Ejecutivo.

Lamentablemente, su ignorancia nos obliga a explicarle al Señor de las Balas que estas tres dependencias forman parte del Poder Ejecutivo, del cual es el legítimo titular.

Además de que la designación de los titulares de esas tres carteras depende directamente del gobernador.

Es decir, los tres responsables de las acciones y el operativo de Chalchihuapan fueron nombrados por el propio Moreno Valle y actúan bajo sus órdenes.

En esa lógica, los actos realizados por estos funcionarios son también responsabilidad del gobernador.

Para un mejor contexto, voy a transcribir un fragmento de la sexta recomendación, en donde se le indica que se ofrezca una disculpa institucional.

Señor Gobernador Rafael Moreno Valle:

6. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta recomendación.

Independientemente de las revelaciones periodísticas que apuntan a que el gobernador fue quien ordenó, a través de su Blackberry, el violento desalojo que provocó la muerte del niño Tehuatlie, es innegable que las acciones de sus secretarios de gabinete recaen en la figura del gobernador.

Pero suponiendo que el gobernador hubiera estado ocupado en alguna otra actividad que le impidiera dar la autorización del desalojo y que no se haya enterado de los incidentes, su responsabilidad no es menor y termina siendo el Poder Ejecutivo el causante de esta represión.

Le guste o no, los tres funcionarios actúan como parte del Poder Ejecutivo.

Así las cosas, la declaración de Moreno Valle en la que asegura que no tiene que ofrecer disculpas porque nunca lo mencionan y no se le hace recomendación alguna al Ejecutivo son un desacato total y absoluto a la determinación de la CNDH.

Es una pena que la soberbia del gobernador le impida cumplir con la más sencilla de las recomendaciones emitidas por la comisión humanista.

Estamos hablando de una disculpa que debió darse desde hace 70 días, cuando el niño murió, y que como responsable de un gobierno debiera asumir su responsabilidad pidiendo perdón a la mamá de José Luis y a las otras víctimas.

Sin embargo, la falta de sensibilidad de Moreno Valle lo ha hecho caer en actitudes inhumanas, en donde —tal y como lo declara a los medios— sólo va a darle seguimiento a las recomendaciones a través del jefe de su oficina.

No sería raro que cuando la CNDH insista en que debe ofrecer disculpas, las vaya a ofrecer uno de sus sirvientes.

Con el objetivo de brindar apoyo a los poblanos que radican en los Estados Unidos, el Secretario General de Gobierno (SGG) Luis Maldonado Venegas, el Coordinador Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos (CEAI) Miguel Hakim Simón y el Alcalde Tony Gali, signaron un convenio de colaboración interinstitucional.

El titular de la Secretaría General de Gobierno expresó que con el presente acuerdo se conjuntan esfuerzos de las dependencias para llevar a cabo actividades de promoción turística, económica, cultural y social.

El Presidente Municipal reiteró que la cooperación y vinculación internacional son esenciales en el mundo global para dar cumplimiento a las facultades que les confieren los correspondientes ordenamientos legales y los ciudadanos.

En su oportunidad, Miguel Hakim Simón expresó la importancia de estrechar lazos y atender a la comunidad poblana.

Estuvieron presentes la Delegada Federal en Puebla de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carmen Izaguirre Francos; la Embajadora Alma Patricia Soria Ayuso, Coordinadora Adjunta de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos; el Secretario del Ayuntamiento, Mario Riestra Piña, y el representante de la Unión de Poblanos en el Exterior, Los Ángeles California, Pedro Ramos.

Por Enrique Núñez

Al filo de 13:41 horas del pasado 9 de julio, el gobernador Rafael Moreno Valle, vía Blackberry, ordenó al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, desalojar a los manifestantes que bloqueaban la circulación vehicular de la autopista a Atlixco, a la altura de San Bernardino Chalchihuapan.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, que participó en el operativo de Chalchihuapan y solicitó la gracia del anonimato, narró con lujo de detalles a Intolerancia Diario el lamentable operativo en el que perdió la vida un niño de 13 años.

Ya con la autorización del gobernador, Facundo Rosas ordenó a Yair Bibiano, coordinador de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Pública, desalojar a los inconformes.

“Ya tengo la orden el gobernador Moreno Valle y que si no lo hacen los van a correr”, reiteró el secretario de Seguridad Pública.

Minutos antes de la 2 de la tarde arribó al lugar de los hechos Luis Cornejo, subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, con instrucciones precisas para dialogar con los inconformes.

Sin embargo, Facundo Rosas le informó que él ya tenía órdenes de Rafael Moreno Valle, vía Blackberry, para liberar la vía y que lo mejor era que lo dejará trabajar, porque “ya era una orden del gobernador”.

De acuerdo con la narración del elemento de Secretaría de Seguridad Pública, de los hechos violentos del 9 de Julio en San Bernardino Chachihuapan, Intolerancia Diario realizó la siguiente cronología.

10:00 horas

El C-4 —Centro de Control, Comando y Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal— informa sobre un grupo de aproximadamente 60 personas, en actitud agresiva, que exige verbalmente la reapertura de los Registros Civiles de sus municipios, Santa Isabel Cholula y Santa Clara Ocoyucan, sobre la autopista Puebla-Atlixco.

10:08 horas

En el lugar se encuentra el inspector Heladio Leal Martínez, con 70 elementos.

10:15 horas

Llega al lugar el subinspector Bernabé Gallegos Mexinca, con 37 elementos.

13:10 horas

Informa policía municipal de Santa Isabel Cholula que los inconformes cierran la carretera federal Puebla–Atlixco, a la altura del kilómetro 16, sobre el municipio de Santa Isabel Cholula, y la vía Atlixcáyotl (autopista Puebla–Atlixco), a la altura del puente de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan.

13:30 horas

Llega al lugar Yair Bibiano Sánchez, coordinador de Despliegue Territorial.

13:40 horas

Arriba Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, a bordo de una camioneta color gris, sin descender de ella.

13:41 horas

Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, le informa, vía Blackberry, al gobernador Rafael Moreno Valle de lo acontecido. Moreno Valle le ordena, vía Blackberry, a Facundo Rosas Rosas que de inmediato retire a los inconformes. Omite el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla reportar que en la manifestación hay mujeres y niños.

13:42 horas

Facundo Rosas ordena a Yair Bibiano que aborde su camioneta y le pide dar parte; el mismo le informa que en el lugar hay mucha gente, entre estos mujeres y niños; a lo que le ordena que a como de lugar se tenía que liberar la vía, entonces tenía que ir a hablar con ellos y que lo grabarán, para que se constatara que les daba cinco minutos para que se retirasen.

13:50 horas

Arriba al lugar Wilibaldo Ramón Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, a bordo de un Carro Radio Patrulla, con dos elementos más.

13:52 horas

Arriba al lugar Ofelia Flores Ramos, subsecretaria de Coordinación y Operación Policial. Aborda la camioneta de Facundo Rosas y recibe la orden de mover a la gente y se prepare con gases y equipo de disuasión para quitar a la gente que está bloqueando. Al mismo tiempo se le da parte al gobernador, vía Blackberry, de que ya los estaba quitando.

13:53 horas

Yair Bibiano Sánchez, coordinador de Despliegue Territorial, efectúa un diálogo con los inconformes. Los invita a formar una comisión para que se entrevisten en Casa Aguayo con el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Arturo Cornejo, toda vez que estaban cometiendo el delito de ataques a las vías de comunicación.

Los pobladores continúan con la misma actitud y reiteran que no están dispuestos a retirarse y que llegarían hasta las últimas consecuencias.

13:54 horas

Yair Bibiano Sánchez instruye a Wilibaldo Ramón Díaz Castillo, encargado de la subdirección de Planeación de la Policía Estatal Preventiva, agrupar al personal y que se forme una valla.

Al mismo tiempo, lanza un ultimátum por altavoz. Le concede cinco minutos para que desalojen la vía de comunicación y les reitera formar la comisión para solucionar de manera pacífica el conflicto.

13:55 horas

Yair Bibiano Sánchez vuelve a abordar la camioneta de Facundo Rosas, donde ya se encuentra Ofelia Flores Ramos. Reciben indicaciones para que ya se preparen para liberar la vía, que se apoyen con todo lo que tengan. “Ya que es una orden de Rafael Moreno Valle y que si no se hacía los iba a correr”.

13:56 horas

Yair Bibiano Sánchez se acerca de nuevo a los manifestantes, mantiene un segundo diálogo, los exhorta a desbloquear la vialidad, ya que de no ser así procederá conforme al protocolo de seguridad que se implementa en este tipo de eventos, sin embargo, los pobladores agredieron verbalmente a los elementos y hacen caso omiso a la recomendación.

13:57 horas

Llega Luis Cornejo, subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, con instrucciones precisas para dialogar con los inconformes, aborda la camioneta de Facundo Rosas y éste le informa que ya tiene órdenes de Rafael Moreno Valle, vía Blackberry, para liberar la vía y que mejor lo dejará trabajar pues ya era una orden del gobernador. Luis Cornejo se retira del lugar en su vehículo.

14:00 horas

Yair Bibiano Sánchez, coordinador de Despliegue Territorial, ordena a los elementos policiales bajo su mando que avancen para donde se encuentra la población de San Bernardino Chalchihuapan, con el objetivo de desahogar la vía. En ese momento los policías son agredidos con piedras y palos por los pobladores.

14:20 horas

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva, apegándose al procedimiento sistemático de operación para disturbios civiles, se agrupan en coraza para intentar desbloquear la vía de comunicación afectada por los pobladores inconformes, sin conseguirlo, lanzando gas. Yair Bibiano Sánchez solicita el apoyo de grupos especiales vía Matra.

14:30 horas

Facundo Rosas ordena a la subsecretaria Ofelia Flores Ramos que le llame al helicóptero, que ya no lancen los elementos ni piedras ni gas, que lo reserven y que le llamará al teniente Estrada para que traiga más gas y más elementos.

14:33 horas

Ofelia Flores Ramos instruye vía Matra la suspensión de lanzamientos de agentes químicos.

14:34 horas

La unidad de comunicaciones “Base Puebla” retransmite el mensaje, vía Matra, de la subsecretaría a los mandos.

14:38 horas

Acude al lugar el inspector jefe Marco Antonio Estrada López, director de Grupos Especiales, con elementos a su cargo; utiliza humo blanco (HC), gas lacrimógeno (CN) y agentes irritante (CS), por medio de proyectiles 37/38 milímetros y granadas de mano, para dispersar a los pobladores inconformes, que continuaban bloqueando la vialidad y lanzando rocas y cohetones a los elementos de Seguridad Pública que se encontraban en el lugar.

15:00 horas

Los elementos de Seguridad Pública que intentaban liberar las vías de comunicación son acorralados sobre el puente de San Bernardino Chalchihuapan (calle Cristo Rey, con sentido a Santa Clara Ocoyucan), por los manifestantes provenientes de los municipios de Santa Clara Ocoyucan, San Gregorio Atzompa, Cuautlancingo, Santa Isabel Cholula, Coronango, Nealtican, Tlaltenango, San Martín Texmelucan y Santa Isabel Cholula.

Al ser superados en número, saltan por el carril izquierdo del mencionado puente hacia la autopista, situación que aprovechan los inconformes para retener a dos elementos, que son golpeados con el equipo de disuasión que portaban.

16:00 horas

Los inconformes continúan con el bloqueo. Se apoderan del puente de San Bernardino Chalchihuapan y exhiben el equipo perteneciente a los dos elementos de Seguridad Pública que habían sido retenidos en la trifulca que se había llevado a cabo minutos antes en la zona.

16:40 horas

Elementos del Servicio de Urgencia Médicas (SUMA) logran establecer un acuerdo con los pobladores a fin de rescatar a uno de los elementos de Seguridad Pública retenidos, ya que se encontraba gravemente herido y requería atención médica urgente.

17:15 horas

Los manifestantes acceden a un segundo diálogo, sin embargo, se rehúsan a dejar el control del puente y liberar al elemento que continuaba retenido.

18:00 horas

Los manifestantes permiten la circulación de la vía Atlixcáyotl. Se mantienen en el lugar a expectativa de diálogos con los ediles correspondientes.

Con esta cronología se confirma que el autor intelectual del desalojo violento a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan no es otro que el gobernador Rafael Moreno Valle.

De esta forma, se deberá abrir una línea de investigación en este sentido y llevar al caso tanto a la Suprema Corte de Justicia como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Puebla, Puebla. La Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en colaboración con el periódico nacional “El Universal”, inauguraron el Quinto Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público, El Universal Puebla 2014, “Los jóvenes tenemos la palabra”, el cual se llevó a cabo esta mañana, en el Teatro Principal.

En representación del gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, dio la declaratoria inaugural del concurso.

Ante el presidente del jurado calificador, Enrique Soto Izquierdo, Luis Maldonado expresó a los 32 participantes de este certamen, que sin la libertad de expresión y el debate público de la ideas, no se podrá contribuir al fortalecimiento de la democracia, “harán con sus voces análisis y propuestas, que abordarán los problemas más vigentes de nuestro país”, aseveró.

El país demanda en los jóvenes la construcción de una cultura forjada en el análisis y en el conocimiento profundo del acontecer diario, “la pasión por la oratoria no solamente tiene atributos de retórica, sino también de convicción, a través del mensaje profundo de las ideas”, señaló el titular de la SGG.

Luis Maldonado Venegas subrayó que es en este tipo de certámenes, donde los jóvenes encuentran espacios de expresión, para engendrar un espíritu de lucha y encontrar nuevas formas de soluciones a los problemas de la vida diaria.

Destacó que El Universal, cumple con su función de informar por dar un puntual registro del acontecer político, económico y social, “hoy El Universal sigue abonando por elevar la calidad del debate público”.

Asimismo, el titular de la SGG, exhortó a los participantes a esgrimir sus argumentos con agilidad mental, pericia e inteligencia emocional, “porque solo aquel que piensa y siente es capaz de convocar simpatizantes y seguidores”.

Por su parte, Enrique Bustamante Martínez, Director de la Fundación Ealy Ortíz, en representación de Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General del periódico El Universal, indicó que los jóvenes representantes de todo el país, que forman parte de este encuentro, son muestra de movilidad, mujeres y hombres que, a pesar de su corta edad, han sabido transformar las palabras en acción.

En su intervención, el ganador del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público El Universal 2012, Alejandro González Ruiz, expresó que un orador requiere del dominio de idiomas, de continuar con su formación educativa, estar a la vanguardia en los avances de la ciencia y la tecnología, así como de poder estructurar un mensaje en menos de 140 caracteres.

Al término del acto se realizó la inauguración de la exposición fotográfica “Puebla Emblemática”, con una muestra de 20 fotografías finalistas, la cual, pretende proyectar a nivel nacional al estado de Puebla, por medio de imágenes representativas de su riqueza cultural, étnica y arquitectónica.

En el evento también estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Superior de la SEP, María del Carmen Salvatori Bronca y el director general del Instituto Poblano de la Juventud (IPJ), Guillermo Almazán Smith.

Puebla, Puebla. La Secretaría General de Gobierno (SGG) fue sede de la primera reunión de coordinación entre los tres ámbitos de gobierno, encabezada por el titular de la dependencia, Luis Maldonado Venegas, a fin de poner en marcha diversas medidas para disminuir la contaminación del río Atoyac.

En esta ocasión, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Sierra Sánchez, destacó la importancia de tomar medidas para frenar el riesgo sanitario que implica la contaminación, para cerca de 2 millones 300 mil habitantes de 531 localidades en 22 municipios, a lo largo del río.

Al señalar que el río Atoyac es el tercero en contaminación a nivel nacional, el funcionario apuntó: “La decisión del presidente, Enrique Peña Nieto y del gobernador, Rafael Moreno Valle, es combatir por todos los medios el riesgo sanitario que representa el río Atoyac; no solo para las actuales, sino para las futuras generaciones de poblanos”.

Las medidas a implementar, dijo, no pretenden frenar el desarrollo de las empresas ni de las comunidades, sino de cumplir con responsabilidad las tareas que les conciernen para disminuir la contaminación en esta fuente tan significativa del vital líquido.

En su oportunidad, el subdirector de Administración del Agua de la Conagua federal, Julio Adolfo Fierro Kauffman, coincidió con Maldonado Venegas y explicó que este programa forma parte de la coordinación entre el gobierno de la República con los gobiernos de los Estados, para ejecutar actos administrativos relacionados con la prevención, el control de la contaminación y la responsabilidad del daño ambiental.

Por su parte, la delegada federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Daniela Migoya Mastretta, hizo hincapié en que el cuidado del agua es responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno, ya que desgraciadamente los ríos, arroyos y cauces de los municipios se han convertido en drenajes y basureros.

Al respecto, dio a conocer la normatividad que se habrá de seguir en la creación de la infraestructura para sanear la afluente del Atoyac, sin causar un impacto ambiental negativo.

En tanto, la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Alma Lucía Arzaluz Alonso, explicó los lineamientos que regularán el funcionamiento de las plantas tratadoras de residuos.

La SGG exhortó a los presidentes municipales a colaborar estrechamente con los gobiernos federal y estatal en esta enorme tarea, empezando por concientizar a los habitantes de sus comunidades en la importancia de preservar ese afluente.

Asistieron a la reunión, el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Gustavo Gaytán Alcaraz; el subdirector de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), José Alfredo Julián Peral y el director del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (DIM) Eduardo Yáñez Tapia.

También estuvieron presentes los ediles de Amozoc, Chiautzingo, Coronago, Cuautlancingo, Domingo Arenas, Huejontzingo, Juan C. Bonilla, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Martín Texmelucan, San Salvador El Verde, Santa Rita Tlahuapan, Tlaltenango, Tzicatlayocan, así como funcionarios de Puebla y San Andrés Cholula.

Por Enrique Núñez

La resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela y confirma que el caso Chalchihuapan fue contaminado y manipulado por toda la estructura del estado de Puebla, en donde participaron funcionarios del más alto rango, a través de las principales carteras del gobierno estatal, como la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, a través de sus titulares.

Si la CNDH determinó que la versión oficial, externada, presentada ante los medios por Luis Maldonado y Víctor Carrancá resultó un montaje para exonerar al gobierno morenovallista de las graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, incluido el asesinato del menor José Luis Tehuatlie, se debe considerar motivo suficiente para iniciar un procedimiento penal en contra de quienes falsearon la información oficial.

Hay que recordar que el gobierno de Rafael Moreno Valle emitió un comunicado, aceptando y reconociendo la investigación y las recomendaciones de la CNDH.

Sin embargo, el comunicado oficial se contrapone a las acciones del gobierno, toda vez que en lugar de tomar medidas inmediatas, anunció la creación de una fiscalía especial para asumir funciones de Ministerio Público y así "investigar" los hechos.

Vaya burla la del Señor de las Balas hacia la CNDH.

Dijeron que aceptaban y asumían la resolución del ombudsman Raúl Plascencia, pero deciden nombrar a un fiscal para que vuelva a investigar.

En el colmo del cinismo, el gobernador ordenó que al nuevo fiscal le tomara la protesta el procurador Víctor Carrancá, quien es uno de los personajes acusados por la CNDH.

Es decir que el fiscal especial para el Caso Chalchihuapan va a investigar al creador de la mentira de Estado, quien curiosamente será su jefe directo.

En el organigrama de la Procuraduría de Justicia los fiscales especiales son ministerios públicos cuyo superior directo es el titular de esa dependencia, que no es otro que Carrancá.

¿O acaso van a nombrar a un procurador especial para que el fiscal le rinda cuentas?

Evidentemente, la investigación estará viciada desde su origen, por la necedad del gobernador de no despedir a ninguno de los funcionarios señalados por la CNDH.

La permanencia de Facundo Rosas, Víctor Carrancá y Luis Maldonado en sus cargos es una clara afrenta a las recomendaciones de la comisión humanista, la cual dejó en claro las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por estos tres funcionarios.

A todas luces es evidente que existe un blindaje de la estructura del estado, para evitar que se sancione a los principales responsables de los hechos, en donde la figura del gobernador se convierte en el principal objetivo a defender.

No hay que olvidar que hasta ahora nadie le ha preguntado a Facundo Rosas si solicitó autorización para ordenar el desalojo o si fue una decisión personal.

Y tampoco se ha llamado al gobernador a rendir cuentas, pese a que la cadena de mando dice que un operativo de esta envergadura requiere del aval del ejecutivo.

Es evidente que las acciones del gobierno morenovallista en respuesta a las recomendaciones de la CNDH confirman que en Puebla no hay condiciones para garantizar un debido proceso ni existe una división entre los poderes del Estado, lo que podría generar que el caso Chalchihuapan tome un nuevo camino: el juicio político.

Tratadistas especializados en Derecho Constitucional describen la figura del juicio político como el procedimiento que se sigue cuando los servidores públicos, durante el ejercicio de sus funciones, incurren en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.

Causales del juicio político.

Son las violaciones graves a la Constitución, incluidos los derechos humanos (antes garantías individuales), así como el uso indebido de fondos o recursos federales, limitándose los interesados a esa clasificación constitucional, porque fuera de ella no se integraría el juicio político.

Denuncia ciudadana

En el capítulo 2 del título segundo, artículo 9 de la Constitución, se asienta que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 y las que determina el párrafo segundo del artículo 5 de la referida ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las Legislaturas locales y magistrados de los Tribunales de Justicia estatales.

Requisitos de la denuncia

La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado.

El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después de concluir sus funciones.

En conclusión, los resultados de la investigación de la CNDH resultan suficientes para que se presente la denuncia de juicio político por las graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan y a la evidente intromisión del gobernador del estado, que impide que se garanticen los derechos de los ciudadanos, contemplados en nuestra Carta Magna.

Por lo pronto, las pruebas que aportó la CNDH, independientemente de la absurda creación de la fiscalía especial por parte del gobierno del estado, es un elemento más que suficiente para iniciar un juicio político en contra de Rafael Moreno Valle.

Ni más ni menos.