Trabajadores denuncian violencia de magistrado y la judicatura le responde que se aguanten
Por Fermín Alejandro García
Un grupo de trabajadores del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito hace unas semanas decidió romper el silencio y presentó una denuncia por vejaciones presuntamente cometidas por el magistrado José Mario Machorro Castillo, a quien acusaron de violencia física y de dejarlos sin comer. En respuesta se hizo una investigación, dando por resultado un fallo que indigna, lastima y exhibe que la justicia en México está podrida, pues les dicen a los quejosos que ese comportamiento es parte de las atribuciones que tiene “un superior jerárquico”.
¿Por qué a los ciudadanos nos debe interesar, o mejor dicho preocupar, lo que pasa en ese tribunal? La respuesta es porque ahí se resuelven asuntos de alto impacto de la justicia de Puebla, pues se decide el encarcelamiento o la libertad de personas acusadas de homicidio, de violación, de secuestro o de crimen organizado, y porque dicho tribunal ha estado manchado por el escándalo, pues no hace mucho se exhibió que dos de los tres magistrados que ahí mandan han estado señalados de violencia sexual contra mujeres.
Es decir, quienes deciden si una persona es culpable o inocente no son un ejemplo de respeto a la ley y a los derechos humanos.
Hace unas semanas un grupo de cinco trabajadores del Segundo Tribunal Colegiado presentó una serie de denuncias, que se acumularon en el proceso 53/2014–III, y que fueron turnadas a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, que está a cargo del magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez.
Los agraviados narraron que el magistrado ejerce una distinción y discriminación entre el personal que labora bajo sus órdenes, ya que a su novia Rocío Galván, quien es secretaria proyectista del tribunal, le da la mitad de carga de trabajo que al resto de los trabajadores, pero además todos deben ayudarla para resolver los asuntos que le corresponden.
Ese mismo trato privilegiado se lo da a Carlos Alberto Elorza, quien es hijo de un juez federal llamado Carlos Alberto Elorza Amores, y por tanto trabaja menos y todos lo deben auxiliar para sacar adelante sus asuntos.
Y es que el magistrado señalado y el juez en cuestión intercambiaron hijos, es decir el segundo de ellos tiene laborando bajo sus órdenes a la descendiente del primero, Gabriela Machorro, y viceversa, Alberto Elorza labora con José Mario Machorro.
Lo anterior no tendría mayor problema si no fuera porque al resto del personal el magistrado les pone a atender el doble o el triple de cargas de trabajo, sin importar que ante esa acumulación excesiva se pierda la capacidad de resolver bien los asuntos.
Y para que nadie se atrase, el magistrado decidió que la mejor manera de hacer más eficiente el trabajo fue suspender el horario de comida. De tal manera que quienes laboran con él entran a las 8 de la mañana y en muchas ocasiones tienen posibilidades de probar alimentos hasta las 7 u 8 de la noche. Claro que eso no pasa con Rocío Galván y Carlos Alberto Elorza, quienes sí tienen ratos libres y se les da todo tipo de facilidades para que obtengan permisos y no se presenten al tribunal.
No todo termina ahí. En los días que no hay trabajo pendiente, el magistrado también les cancela la hora de comida.
Lo que más agravia a los quejosos es que a José Mario Machorro Castillo le gusta lanzar manotazos para dar órdenes; en especial una mujer contó –en su denuncia– que en una ocasión la quiso golpear como parte de las instrucciones que le daba para atender cierto asunto.
Es atípico que los trabajadores del Poder Judicial federal se atrevan a denunciar abusos, ya que los magistrados actúan como virreyes, son intocables. Lo que acaba de pasar en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirma dicha realidad.
En la primera quincena de junio se hizo una visita extraordinaria –así se llama oficialmente la investigación– para determinar si eran ciertas las acusaciones y el fallo que se acabó dando fue el siguiente:
“No pueden considerarse como conductas de hostigamiento laboral –las denuncias–, ya que solo reflejan el ejercicio de sus atribuciones –del magistrado– como superior jerárquico”.
¿Qué significa lo anterior?, en la practica es una sentencia en la que se manda el mensaje entre líneas de que si se labora en el Poder Judicial federal hay que someterse a los magistrados, dejarse golpear, maltratar, humillar, vejar, denigrar, pues es parte del derecho que tienen esos personajes que se supone se dedican a aplicar la justicia en México.
Por si fuera poco, el fallo se lo comunicaron hace unos días a los denunciantes y al magistrado señalado, quien ahora sabe quiénes lo acusaron y por tanto, seguramente habrá represalias en su contra.
¿Qué es lo más denigrante de este asunto? Que quienes investigaron a José Mario Machorro Castillo no tomaron en cuenta los antecedentes de esta magistrado, que ya una vez se narraron en esta columna; el 29 de marzo de 2004, en el portal del periódico El Siglo de Torreón se publicó lo siguiente:
“José Mario Machorro Castillo fue detenido la noche del sábado luego de que fue sorprendido en el estacionamiento del estadio Revolución por agentes de Seguridad Pública cuando agredía a una dama”.
“Fue a las 23 horas cuando tripulantes de la unidad 35342 de la DSPM realizaban su recorrido por la avenida Juárez y la calle 19, cuando observaron que un sujeto comenzó a empujar a una dama de manera que ésta cayera entre los arbustos que se encuentran en ese sitio”.
Por lo anterior decidieron auxiliar a la mujer que dijo llamarse…, quien solicitó la detención del agresor José Mario Machorro Castillo, de 43 años de edad, con domicilio en la avenida de las Luciérnagas número 1464, departamento 24 de la colonia Campestre la Rosita”.
