Tras semanas de plantones, bloqueos y un estira y afloja que paralizó las inmediaciones del Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido cambiar las reglas del juego con el magisterio disidente. El Gobierno Federal anunció una nueva estrategia de aproximación que marca una sana distancia con los liderazgos tradicionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): a partir de agosto, la administración federal buscará un "trato directo", escuela por escuela, con las bases docentes.
Este giro de timón es, en el fondo, un golpe de autoridad y una respuesta directa a las recientes movilizaciones de la Coordinadora en la Ciudad de México.
Aunque la CNTE ha presionado históricamente a través de mesas de negociación únicas con las que busca comprometer al Ejecutivo Federal, la postura de Sheinbaum es clara: se escucharán las demandas de los maestros, pero sin intermediarios que utilicen el conflicto laboral como moneda de cambio político.
La estrategia, que arrancará formalmente con el inicio del ciclo escolar, pretende que funcionarios federales y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) bajen directamente a los planteles para revisar temas urgentes como infraestructura, basificaciones y salarios.
Al saltarse la aduana de las cúpulas sindicales, el gobierno busca desmantelar el control corporativo que la CNTE ha ejercido durante décadas en estados clave como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.
La reacción dentro del magisterio disidente mantiene las alertas encendidas en los pasillos de la política nacional. Mientras algunos sectores de las bases ven con buenos ojos la posibilidad de resolver sus problemáticas locales de manera inmediata, las dirigencias de la CNTE interpretan la medida como un intento de pulverizar su fuerza colectiva y restarles peso en la mesa de debate público. El pulso está lanzado, y las aulas serán el verdadero escenario donde se medirá la efectividad de esta nueva gobernanza educativa.
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