Un peritaje en balística solicitado por la defensa de los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, contradice la versión de la Fiscalía General de Michoacán sobre la muerte del agresor que lo asesinó el 1 de noviembre en la plaza principal de la ciudad.
La fiscalía sostuvo que los siete disparos registrados durante el ataque provinieron de una sola arma: una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada por el adolescente agresor. Según esa versión, el homicida fue abatido con su propia arma por uno de los escoltas del alcalde.
No obstante, el dictamen pericial presentado por la defensa concluye que los casquillos corresponden a dos armas distintas y que el disparo que causó la muerte del agresor fue realizado con el arma de cargo de un escolta.
De acuerdo con el análisis, seis casquillos de color gris, con la leyenda “Luger Mon”, fueron localizados en el área donde el atacante disparó contra el alcalde y quedaron registrados como indicios 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Todos presentan una marca característica en forma de “C”, atribuida al arma utilizada por el agresor.
En contraste, un séptimo casquillo, de color dorado y con la inscripción “Águila”, fue encontrado en una jardinera cercana al lugar donde los escoltas forcejearon con el atacante. Este elemento, identificado como indicio 9, presenta una huella distinta, en forma de punto, que coincide con las marcas que deja el arma de cargo del escolta Demetrio de la Cruz, también calibre 9 milímetros.
La defensa señaló que esta comparación se realizó con casquillos “testigo” obtenidos por la propia fiscalía al disparar el arma del escolta para efectos de análisis.
El abogado Gustavo Carreón, representante legal de los escoltas, afirmó que el indicio 9 no comparte las mismas características de los otros casquillos recolectados en la escena.
La fiscalía mantiene su postura de que el agresor fue abatido con su propia arma. Al ser cuestionado sobre el peritaje presentado por la defensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, señaló que no existe error en la investigación y que será el juez quien valore las pruebas.
Los escoltas del alcalde permanecen detenidos y enfrentan un proceso penal por el homicidio de Carlos Manzo, luego de que la fiscalía los acusó de haber incurrido en omisiones en su labor de protección. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas de entre 20 y 50 años de prisión.
Foto: EPA/Shutterstock
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