José Roberto Fuentes López
Con base en el informe del World Justice Proyect (WJP), el Índice de Estado de
Derecho en México 2023-2024 (IEDMX), desde una perspectiva ciudadana, el
grado de adherencia al Estado de Derecho en las 32 Entidades Federativas,
muestra datos actualizados y estructurados en ocho factores que enmarcan el
concepto: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno
abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio,
justicia civil y justicia penal, para evaluar la realidad nacional.
El resultado de esta evaluación señala un continuo estancamiento en el progreso
del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en la
mayoría de las entidades federativas; ningún estado se acerca a la calificación
idónea, lo que significa que todas las entidades tienen grandes retos pendientes.
Los estados con los puntajes más altos en el IEDMX 2023-2024 son Querétaro
(0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47); y los estados con los puntajes
más bajos son Estado de México (0.35), Morelos (0.35), y Quintana Roo (0.36).
Los datos señalan “1) la mayoría de los estados muestran una contracción en la
participación ciudadana, la cual es fundamental para que la ciudadanía participe
de forma efectiva en la formulación de políticas públicas; 2) la seguridad es uno de
los mayores retos con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia
delictiva; 3) hay un fortalecimiento en la garantía a los derechos laborales al
registrar mejoras en 19 estados, y 4) persisten los retos en el sistema de justicia
penal, en particular tras el debilitamiento en la garantía al debido proceso”. Este
Índice de Estado de Derecho a nivel global, refleja la realidad nacional.
En el ámbito internacional, México retrocede tres posiciones en el índice de
respeto al Estado de Derecho 2025, ubicándose en el lugar 121 entre 143 países
considerados. Antes de México, están Rusia, Turquía, Guinea, Honduras, Nigeria,
El Salvador, Angola, Madagascar y Togo.
Por su parte, los líderes en este tema
son: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda.
José Roberto Fuentes López
A su vez, el American Chamber of Commerce y el Atlantic Council, señalan como
factores de riesgo “los procesos de revisión del T-MEC.
Este índice se integra por
ocho subcomponentes: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de
corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad;
cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal”.
Respecto a orden y seguridad, México se ubica en el lugar 132 de 143 países
evaluados. En ella incorporan sectores como control efectivo al crimen organizado,
recurrencia de personas a la violencia para resolver agravios, así como conflictos
civiles efectivamente limitados.
En contrapesos del poder “cayó del lugar 106 al 108, este índice evalúa los límites
al poder gubernamental por la legislatura; límites al poder gubernamental por parte
del poder judicial; independencia de órgano auditor; transición de poderes sujetos
a la ley y ejercicio del poder público sin influencia de poderes fácticos”.
El sector de ausencia de corrupción, que también forma parte del índice, “es uno
donde México sale entre los peor calificados de los 143 países, ocupa el lugar
mundial 134 de 143 países, es decir, solo nueve lugares arriba del que tiene las
peores calificaciones.
Apenas rebasa al último del comparativo, que es la
República del Congo; a Camboya, Bolivia, Haití; Camerún, Gabón; Kenia;
Venezuela y Uganda”.
Otro subíndice, donde México tiene las peores calificaciones es: justicia criminal,
se ubica en la posición 135 de 143 países. Apenas rebasa a los últimos de la fila:
Venezuela, Bolivia, El Salvador; Myanmar, Camerún; Haití, Afganistán y
Nicaragua.
Estimado lector, la mejor opinión es la suya, ante estos datos que son solo una
muestra de una evaluación rigorista que realiza anualmente la WJP, la cual refleja
la lamentable situación en la que se encuentra nuestro México.
Sus comentarios. jrobertofl2021@outlook.com
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