¿Paraíso o enclave colonial? La isla sin ley para millonarios que amenaza a un país entero

 ReasonTV / CC BY 3.0 Un golpe, una crisis y una idea El golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria hondureña, desató una profunda crisis política y el aislamiento internacional de la nación centroamericana. Esa situación también afectó las cuentas nacionales. Fue así como, durante el Gobierno de Porfirio Lobo, surgió la idea de atraer inversiones extranjeras mediante el establecimiento de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE), en la práctica, áreas autónomas, de libre comercio y con sus propias leyes para capitales foráneos. Para ello, cambió la Constitución y realizó una reforma que tuvo luz verde en el Congreso en 2013.

 En ese entonces, el Parlamento era liderado por Juan Orlando Hernández, quien luego se convertiría en jefe de Estado y antecesor de Xiomara Castro en el poder. Días después de entregar la banda presidencial fue extraditado a EE.UU., donde terminó condenado por narcotráfico. De la carta abierta a la demanda Próspera es solo una de las tres ZEDE que funcionan en Honduras, pero sin duda es la más polémica. Se estima que comenzó a erigirse en 2018, pero cobró notoriedad durante la crisis sanitaria del coronavirus, en 2020. Ubicada en una comunidad de menos de 800 habitantes y en un enclave alejado de las zonas más turísticas de Roatán, Próspera se erige como un pequeño feudo rodeado de aguas cristalinas y con apetitosas exenciones tributarias para millonarios. No hay escuela, no hay centro médico ni instalaciones básicas, pero usan la infraestructura vial que ha construido el Estado hondureño. Fue presentada como un proyecto de "libertad" para los inversionistas, pero sus detractores subrayan que lo que la caracteriza es su visión neocolonial: un territorio donde el Estado pierde soberanía a manos del capital privado. La llegada de Xiomara Castro al poder fue una bandera roja para Próspera. La mandataria enfiló su batalla contra la operación de los empresarios y celebró el fallo del Tribunal Constitucional, que en 2024 declaró inconstitucional la promulgación de la ley que permitió las ZEDE. "Vendían nuestro territorio a pedazos como un botín para el capital internacional aprobado por apátridas en el narco régimen anterior (…) Esto fue cancelado definitivamente por mi Gobierno del socialismo democrático", dijo Castro el año pasado, en su mensaje ante Naciones Unidas. Sin embargo, la postura del Tribunal no ha sido suficiente para desmontar el proyecto. Próspera, liderada por el empresario venezolano estadounidense Erick Brimen, amenazó con demandar a Honduras si el Gobierno desmantela las instalaciones en Roatán. El argumento de Próspera es que su inversión está amparada por el convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tratado que Honduras también denunció porque, en palabras de la presidenta del país, "constituye un esquema injusto de arbitraje donde prevalecen los intereses privados por encima de los intereses nacionales". La acción fue rechazada por la empresa de Brimen, que la considera "contraria al derecho hondureño y nula". Si Honduras pierde la demanda, tendría que pagar cerca de 11.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano. 'Make Death Optional' Lo que se sabe de su funcionamiento es poco. El hermetismo va de la mano con la opacidad de sus casi 2.000 residentes 'virtuales', que pueden comprar terrenos, crear empresas y desarrollar proyectos que ni siquiera serían admitidos en sus países de origen. No obstante, hay puntos en común que se han dado a conocer públicamente: la obsesión por vivir muchos años y hacer que la muerte sea opcional ('Make Death Optional', en inglés)

. En Próspera abundan las empresas que hacen investigación en materia médica, con particular interés en las fórmulas para la longevidad, apalancados en una regulación mínima que les da un amplio abanico de acción. "Por el costo de un solo ensayo clínico de Fase I en los EE.UU., la misma empresa podría completar más de 10 ensayos de Fase I en Próspera para probar la seguridad de posibles intervenciones transformadoras y que cambian la vida. Los ensayos de seguridad generalmente involucran a grupos más pequeños de participantes y se centran en observar eventos adversos y tolerabilidad", presume un comunicado de Infinita, una de las empresas de biotecnología afincadas en el coto hondureño. 

 El caldo lo completa un ambiente complicado para Honduras. El triunfo de Donald Trump en EE.UU., con su lema 'Make America Great Again', ha envalentonado a los inversionistas de Próspera, que mueven su lobby para evitar que el pequeño país centroamericano ejerza soberanía sobre el enclave. La estrategia del CEO de Próspera es simple: mover sus hilos para que Washington castigue a Tegucigalpa por cualquier vía, si resultan afectados los intereses de empresas estadounidenses. 

 "Fue reconfortante escuchar una postura unificada entre los legisladores en Washington, quienes están consternados por la perspectiva de expropiación y permanecen firmes en la defensa de los principios de estabilidad legal y económica", dijo Brimen el año pasado, tras pasearse por el Congreso estadounidense para asegurar que su proyecto es "una solución de alto impacto a los desafíos migratorios al crear prosperidad y oportunidades para los hondureños en su país de origen".