POR. José Roberto Fuentes López.
El México moderno se plasmó en la Constitución de 1917, los constituyentes de ese tiempo se vieron influidos por acontecimientos mundiales, como la primera guerra mundial, el esquema de la propiedad, el avance del socialismo, la transformación de las monarquías, etc., fueron referente de nuestra Carta Magna, para establecer la acción del Gobierno, como rector y promotor del Estado.
Orientado en un esquema de proteccionismo y promoción del siglo XX, generando en el país un clima de confianza con suficientes niveles de ahorro y capitalización; crecimiento elevado de la economía de los años cincuenta y sesenta, el desarrollo industrial creó una fuerte clase media que sería el principal motor de la economía.
Lamentablemente este crecimiento acompañado del elevado proteccionismo, descuido la calidad y productividad, lo cual fue minando la competitividad y, aunado a malas decisiones en políticas públicas, afectaron la buena marcha del país; generando la polarización que impactó la credibilidad gubernamental.
En la actualidad, el presidente López Obrador ejerce su mandato, procurando aumentar su popularidad, dejando de lado las demandas sociales que afectan de manera sensible la calidad de vida de un importante número de mexicanos; pero la popularidad sin responsabilidad es populismo, por ello, el ejecutivo federal debe mantener el equilibrio entre popularidad y responsabilidad.
En general, el gobierno en sus tres niveles enfrenta un serio dilema respecto al papel que deben desempeñar ante la creciente inseguridad y las carencias de la población, frente al modelo de salud y educación pública, por mencionar algunos rubros que más impactan en el desarrollo social.
Aunado a la alta corrupción, causa lentitud e ineficiencia en el cumplimiento de las metas.
La realidad económica, política y social que vivimos hoy en México, obliga a replantear la forma de mejorar las condiciones de toda la sociedad; de tal suerte que la meta deba centrarse en revisar y mejorar el adecuado manejo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno.
No se puede hablar de progreso cuando existe desigualdad y exclusión, tampoco la sociedad puede prosperar ni vivir en paz con los niveles de inseguridad que nos afectan. Los problemas, históricos y los derivados del propio proceso de modernización, no tienen solución si seguimos por el mismo camino; si no se ponen en práctica políticas alternativas, si no se trabaja por un nuevo proyecto nacional viable y sustentable.
En nuestro país el nuevo rumbo debe ser el de la legalidad, donde el Estado de derecho sea para todos, sin que se necesite dinero para acceder a la justicia.
Que ser funcionario no sea sinónimo de impunidad ni corrupción. Que no se valga afectar a terceros para promover una causa o denunciar una arbitrariedad.
Los problemas, históricos y los derivados del propio proceso de modernización, no tendrán solución si seguimos por el mismo camino.
Necesitamos proyectos y acciones que promuevan el desarrollo del país, cambiar para anticipar los nuevos y grandes desafíos.
En el escenario actual, donde se tiende a disminuir el valor de la política, es necesario reivindicarla en su sentido originario, con la amplia participación ciudadana en los asuntos que interesan a todos, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para la consolidación de valores y propósitos útiles a la sociedad.
En este sentido, es necesario retomar los valores intrínsecos de la política, el diálogo, la negociación, el respeto a las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos.
Los ciudadanos deseamos que el desarrollo y evolución de la cultura democrática, se construya con proyectos sólidos y que no solo se arribe con la polarización, o solo apostando a campañas sucias.
Que la agenda social se oriente para eliminar las diferencias regionales y; los programas sociales, se apliquen con sentido humano y no electorero, al tiempo que mejoren la calidad de vida de quienes verdaderamente lo necesitan.
Sus comentarios jrobertofl2021@outlook.com
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