José Luis Camacho Acevedo. El portal de Carmen Aristegui recoge una declaración de Alejandro Rojas en la que se acusa a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de comprar, en efectivo, más de ochenta propiedades. Rojas le dice a Sansores: “La reina del cash”.
En el contexto de la escalada de infamias de Layda Sansores contra el líder de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, Aristegui consignó: “El morenista Alejandro Rojas Díaz Durán acusó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de ser la ‘Reina del Cash’, por comprar en efectivo 83 propiedades, junto con otros integrantes de su familia. En el estreno de su programa
“Miércoles del león”, Rojas presentó una tabla y fotos de inmuebles, cuya fuente es ‘un periodista’, pero no dijo su nombre. No presentó documentos.” Mientras eso ocurre en las redes sociales, Ricardo Monreal, como es su personalidad de político vertical y siempre echado para adelante, informó de su denuncia contra la gobernadora de Campeche ante la FGR.
Los acontecimientos recientes nos muestran a un Ricardo Monreal que no se amilana con las bravuconadas de Layda Sansores; le hace frente, pero sin exabruptos, con la razón y la ley en la mano.
Por eso, para frenar el proceso de descomposición política a la que las calumnias han dado lugar, al interior de Morena, el zacatecano procedió a denunciar ante la Fiscalía General de la República las injurias a las que lo han pretendido someter. Monreal, explica que la demanda interpuesta contra la política campechana es por la probable comisión de delitos en su contra, de acuerdo con lo establecido en los artículos 211 bis, 167 y 177 del Código Penal Federal.
Frenar el proceso de descomposición política es la principal intención de Ricardo Monreal, con la denuncia que presentó ante la FGR, por diversos delitos contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
El coordinador de Morena en el Senado, dijo que se deben agotar todos los intentos para continuar con el proceso de democratización interna de su partido, al ser este último uno de los elementos principales para consolidar la transición política en México. Luego de resaltar que las libertades de todas y todos deben ser respetadas,
Monreal Ávila subrayó que no le sorprenden los intentos de frenar sus aspiraciones a dirigir los asuntos del país, aun cuando, agregó, esta vez las injurias provienen del interior del movimiento que ayudó a fundar.
Expuso que lejos de amedrentarse, lo alientan a sentar las bases para alejarse de estas malas prácticas y hacer valer el Estado de derecho. En el texto explica que las comunicaciones privadas obtenidas de manera ilegal son un delito, y no sólo su intervención, sino su utilización y difusión.
El respeto a la intimidad y la privacidad son derechos que se le deben garantizar a toda persona, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El legislador señaló que la denuncia tiene bases sólidas, pues ante la confesión de parte de la intervención de comunicaciones privadas, que fueron reveladas a través del programa “Martes del Jaguar” —que se realiza y difunde con recursos públicos—, se podría configurar, entre otros, el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracciones I y II del mismo ordenamiento federal.
Precisó que la difusión de la información manipulada en ese programa constituye una abierta violación a los principios jurídicos contenidos en el artículo 134 constitucional, y evidencia el montaje orquestado por la gobernadora del estado de Campeche.
Expuso que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas constituye un valor fundamental del ser humano, cuya tutela ha sido elevada a rango constitucional, según lo establece el párrafo 12 del artículo 16 de la Carta Magna. ¡Hay juego Layda!
