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ICC MÉXICO HACE UN LLAMADO URGENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y LA COFECE

 



EN RELACIÓN CON LOS MECANISMOS PARA EVITAR EL ALZA DE PRECIOS * 



Antes de fijar precios, la Cofece debe realizar una declaratoria de que hay una distorsión en el mercado que impide una competencia efectiva Ciudad de México a 3 de mayo del 2022


. Ante el inminente anuncio del Presidente de la República en los próximos días, sobre el establecimiento de un pacto con productores y empresas para encontrar los mecanismos que permitan reducir la mayor inflación en el país en los últimos 21 años, la International Chamber of Commerce México (ICC México), recomienda que dichas acciones se realicen dentro del marco de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). 

 La Comisión de Competencia Económica de la ICC México coincide con el propósito de apoyar la economía de las personas con menores recursos económicos en el país.


 Sin embargo, el apoyo debe realizarse en términos que no infrinjan la LFCE. Por otro lado, tanto el gobierno como las empresas deben conocer los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios, aun cuando exista la loable intención de encontrar soluciones que sean en beneficio de la población. El artículo 9 de la LFCE señala que, para poder fijar precios oficiales o precios máximos de un producto, la Comisión Federal de Competencia Económica debe hacer una declaración previa de que en el mercado de que se trate, no existe competencia efectiva o hay una distorsión en el mercado que lo impide. Hasta entonces, la Secretaría de Economía o el Presidente de la República, pueden convocar a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos para informarles que debido a determinada falla de mercado, temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta sus costos y márgenes de ganancia razonables 


En caso de omitir este paso, las empresas manipularían el precio y violarían el artículo 53 de la LFCE, que es una de las faltas más graves que se sanciona con hasta el 10% de los ingresos de las empresas, independientemente de responsabilidades de carácter penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que la práctica no se configura porque su monto haya sido a la baja o al alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados. De ahí que si empresas competidoras se reúnen -a petición del gobierno- a discutir no aumentar precios a determinado nivel, estarían en riesgo de violar la LFCE y cometer un delito federal.


 Por estos motivos, la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México realiza un llamado urgente para que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Gobierno Federal, diseñen mecanismos de diálogo en relación con el aumento de precios con el sector privado, que eviten violaciones a la ley.

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