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GRUPOS PARLAMENTARIOS PROPONEN MODIFICAR LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO PARA GARANTIZARÁ IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN



·     En la actualidad, hay 32 mujeres con el rango de Embajadoras, lo equivalente al 31 % del total de personas con este rango, frente a 71 Embajadores que representan el 69 %. 

Senadoras y Senadores que integran distintos Grupos Parlamentarios presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de igualdad y no discriminación. 

La política Exterior Feminista de México fue anunciada en el marco de la XXXI Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, la cual impulsa acciones para reducir y eliminar diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género. Con ello, la propuesta buscará hacer transversal el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad, en todas las áreas de la política exterior mexicana; visibilizar el aporte de las mujeres a la política exterior y a las acciones globales; así como mantener la coherencia y congruencia al enfocarse tanto al exterior como al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.


 


Nancy de la Sierra Arámburo, Senadora por Puebla e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, comentó que es importante “visibilizar el avance que esta iniciativa logrará en la Agenda 2030. Tenemos 10 años y el ODS # 5, que tiene relación con el tema de género, es fundamental para poder cumplir en el 2030 con las metas que se ha trazado el Estado Mexicano. Por eso el Partido del Trabajo, acompañado de todos los demás, estaremos siempre receptivos a las coincidencias, a donde sí podemos avanzar porque eso es lo que necesita México: unidad y avance sustancial”.


 


La Iniciativa contempla seis apartados importantes, el primero es lenguaje Incluyente, con la finalidad de promover una cultura de igualdad de género y de no discriminación al interior del servicio exterior mexicano y del resto del personal que labora en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El uso correcto del lenguaje incluyente permite eliminar prácticas discriminatorias en el quehacer que llevan a cabo las personas funcionarias públicas que son parte del Servicio Exterior.


 


Igualdad Sustantiva y Paridad de Género, para generar medidas necesarias que garanticen la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, sin discriminación alguna, para que exista la misma oportunidad de representar al Estado mexicano en el plano internacional, así como de participar en la labor de las organizaciones internacionales.


 


No discriminación por orientación o preferencia sexual e identidad de género y reconocimiento de los derechos a pareja del mismo sexo, al reformar el artículo 44 de la actual ley para que sea posible expedir actas de matrimonio, de matrimonio de personas del mismo sexo, así como las de aquellas personas que soliciten el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género. 




Atender las brechas de género en el desarrollo profesional con la inclusión de acciones afirmativas, por ejemplo: ingresos, ascensos y promociones; nombramientos; remuneraciones; nombramientos especiales y condecoraciones, tomando en cuenta a personas indígenas, afroamericanas o con discapacidad.


 


En el apartado de erradicación de las violencias contra las mujeres, se establece como falta administrativa grave cualquier acto de acoso y hostigamiento sexuales; asimismo se consideran las nuevas disposiciones de la Secretaría de la Función Pública que deben aplicarse en las personas que conforman el Servicio Exterior, sobre todo, las establecidas en el nuevo Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual. 


 


Finalmente, contempla elderecho al cuidado, al pleno desarrollo social, físico, educativo y a la salud de sus familias para establecer apoyos para que las y los integrantes del Servicio Exterior gocen de un subsidio especial para educación especial y asistencia técnica en caso de tener una persona dependiente económica con una discapacidad que le impida valerse por sí misma para su subsistencia, conforme a los criterios que para tal efecto emita la Secretaría de Relaciones Exteriores.


 


La iniciativa fue suscrita por las Senadoras Martha Lucía Micher Camarena e Imelda Castro Castro y el Senador Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz, integrantes del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional; la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; las Senadoras Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; la Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Senadora Verónica Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y la Senadora Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.


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