Juan Carlos Romero Hicks calificó como regresión autoritaria la reforma con la que Morena impulsa superdelegados y cambios en Secretarías.
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados calificó de regresiva y autoritaria la reforma propuesta por Morena para modificar la estructura del Gobierno federal.
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de ese grupo, aseguró que más que un nuevo diseño, el proyecto de los morenistas implica un retroceso de dos siglos, ya que pretende volver al régimen centralista de 1836.
El legislador federal sostuvo que el proyecto presentado el pasado jueves por la bancada mayoritaria en San Lázaro viola los artículos 40, 115 y 124 de la Constitución, además de que abre la puerta a una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos.
"En su afán por cumplir promesas de campaña, Morena de nuevo engaña a la ciudadanía al querer presentar leyes supuestamente innovadoras, en las que persisten ocurrencias sin importar que pasen por encima de la Constitución", dijo.
El político guanajuatense se refirió de manera particular a la figura de los "superdelegados", a la que acusó de atentar contra la soberanía estatal y la autonomía municipal.
"En la práctica lo que se pretende es una regresión autoritaria centralista ", aseveró.
"La figura de los superdelegados constituye una herramienta del Ejecutivo de control y sometimiento político sobre los gobernadores y los presidentes municipales".
Romero Hicks insistió en que la propuesta resulta inconstitucional, ya que no debe existir una forma de gobierno intermedia entre el Ejecutivo federal y los estatales.
"La imposición de esta ocurrencia implica la centralización de facultades en una sola persona muy semejante a la república centralista superada desde el siglo 19 ", expresó.
El coordinador de los panistas consideró que la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias generará una concentración de poder en el titular de la Secretaría de Hacienda, lo que puede resultar riesgoso.
Recordó que el proyecto establece que las oficialías mayores serán desplazadas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán designados y removidos por Hacienda.
Aunque reconoció que la finalidad de la propuesta es erradicar la corrupción, advirtió que los nombramientos no garantizan por sí solos el correcto ejercicio de los recursos públicos ni mejoras en la planeación, programación, presupuesto, informática, recursos humanos y materiales, contabilidad y archivos.
Romero Hicks también cuestionó las nuevas atribuciones de fiscalización a la Secretaría de la Función Pública (SFP), ya que invaden responsabilidades constitucionales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El coordinador panista se pronunció a favor de mantener los controles de la SFP sobre la PGR, por lo menos mientras se concluye la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.Reforma
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