Por Excélsior
Familiares de desaparecidos desmienten colaboración de autoridades de Veracruz; CNBP e INE buscan apoyar en la identificación
Ciudad de México.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que este viernes, los familiares de personas desaparecidas accederían a un álbum que contiene las fotografías de las prendas, accesorios e identificaciones halladas en las 32 fosas clandestinas ubicadas en la zona centro del estado, mientras que activistas señalan que las autoridades bloquean a activistas y observadores, impidiendo ver la magnitud de los cementerios clandestinos que se han encontrado en la entidad.
Por medio de un comunicado, la dependencia detalló que estos objetos e identificaciones fueron rescatados durante la exhumación de las fosas realizadas en los últimos 30 días, donde hasta el momento se han localizado 170 cráneos, cuatro osamentas más que las anunciadas el pasado jueves.
Igualmente, indicó que solicitó la ayuda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; la Comisión de la Verdad del Congreso de Veracruz, y del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, para lograr un acompañamiento victomológico y psicológico de las personas que acudan a la Dirección General de Servicios Periciales a revisar el álbum fotográfico.
Por su parte, el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, comentó que aún existe la probabilidad de encontrar más restos humanos en el predio cuya ubicación permanece como confidencial “por motivos de seguridad y preservación de la escena del delito”.
Las autoridades señalaron que los primeros indicios de las investigaciones permiten construir dos hipótesis: una que vincularía a la Policía Estatal comandada por Arturo Bermúdez con las desapariciones, y otra que advierte que las víctimas fueron enterradas hace dos años, durante la Administración de Javier Duarte.
OFRECEN APOYO A GOBERNADOR
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Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas firmaron un convenio de colaboración para la ubicación de personas desaparecidas, con lo que el árbitro electoral recibirá por parte del Ministerio Público las huellas de las personas desaparecidas para cotejar los datos biométricos del Registro Nacional de Electores para labores de búsqueda, ubicación y localización.
La confronta se realizará no sólo con datos como nombre, fecha de nacimiento o CURP, si se cuenta con ellos, sino de manera fundamental con imágenes y huellas dactilares o del rostro para identificación biométrica, y el INE entregará la información de los registros coincidentes a la Comisión para que esta realice el análisis pericial para la confirmación de la identificación.
Este mismo plan también fue ofrecido por el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera, al Gobierno de Veracruz para agilizar los trabajos en las fosas recientemente descubiertas.
VERSIONES PARA MEDIOS: ACTIVISTAS
Sin embargo, pese a que la Fiscalía aseguró que mantiene una estrecha colaboración con defensores de derechos humanos, activistas y familiares de desaparecidos, colectivos de Tamaulipas y de Veracruz denunciaron que son bloqueados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para ser observadores en los trabajos de identificación.
Guillermo Gutiérrez Riestra, representante del organismo Familiares y Amigos de Víctimas de Personas Desaparecidas en Tamaulipas, señaló que integrantes del coletivo Solecito y otras agrupaciones pidieron estar presentes en las labores del levantamiento de los restos, por lo que los activistas de la entidad vecina se pronunciarán contra las instituciones federales y estatales.
Al reclamo se sumó Marcela Verdín, hija José Guadalupe Verdín –exfuncionario municipal de Poza Rica desaparecido hace tres años– quien señaló que es falso que la FGE mostrara los catálogos de objetos encontrados en las fosas como lo prometieron.
“Me dijeron que solamente las autoridades tendrán acceso a ellas, en este caso, el fiscal que recibió mi denuncia me dijo: ‘Esta información solamente fue para los medios, no es necesario que te traslades a Xalapa porque tú no podrás ver las fotos’. (Me siento) impotente, toda esta información está perdida con ellos; nunca tendremos acceso a esos indicios”, comentó Marcela, quien a pesar de la negativa, acudirá a la Fiscalía para intentar tener las imágenes en sus manos.
MALESTAR NACIONAL
El reciente caso de Veracruz reactivó la alarma a nivel nacional sobre la situación de los miles de casos de desaparecidos, a la par que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer este viernes que desde 2007 hasta agosto pasado, ha documentado un total de mil 306 fosas clandestinas de las que han exhumado 3 mil 760 cadáveres o restos.
La Comisión advirtió que la mayoría de las fosas en sus registros fueron halladas en Veracruz, mientras que en Jalisco es la entidad donde se han exhumado más cuerpos. El organismo resaltó que el avance de las investigaciones permitirá que los familiares de las víctimas tengan acceso a la justicia y reparación integral del daño.
Mientras tanto, la crisis por desaparecidos en el país continúa. En Chihuahua, 50 elementos de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) realizaron recorridos en el Valle de Juárez como parte del operativo de rastreo en los poblados de El Faro y Cedillo, ambos en el municipio de Guadalupe, Chihuahua.
Asimismo, los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaron durante un año la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, anunciaron que viajarán este mes a México para reunirse con el futuro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para acordar la participación del GIEI en la nueva ruta que trazará el próximo gobierno mexicano para esclarecer la desaparición de los normalistas.
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Los abogados colombianos Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, participarán el 26 de septiembre en un encuentro que tendrá López Obrador con familiares de los 43 normalistas desaparecidos, donde puntualizarán la futura agenda de colaboración.
Entre los hallazgos por el grupo figuraron varias irregularidades cometidas por la PGR durante la investigación, como torturas a los detenidos para obtener confesiones y una diligencia que hizo en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014 el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sin que fuera incluida en el expediente.
El futuro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respondió al presidente que todas las evidencias científicas demuestran “que no fue así” y que, además, existe la presunción de que investigadores de la PGR “sembraron pruebas” en el basurero para sustentar la “verdad histórica” a la que se aferró el gobierno de Peña Nieto desde enero de 2015.
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