El recna de Puebla, Fernando Fernández Font rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, instó a los diputados a que analicen la Ley Bala y las consecuencias "desafortunadas" que provocó, antes de decidir si se abroga o no, ya que de continuar abre espacio a las arbitrariedades.
El domingo pasado el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso, Francisco Rodríguez Posada, aseguró que la Ley Bala no será abrogada dado que los diputados no encontraron fallas en la norma, sino su aplicación.
Lo único que procederá entonces es que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) presente los reglamentos para su aplicación.
Ante esa situación, Fernández Font señaló que la “Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla” deja una puerta abierta para las arbitrariedades.
El pasado 9 de julio policías estatales se prepararon desde cinco horas antes para desalojar a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan que cerraron la autopista Puebla-Atlixco, quienes protestaban por el retiro del Registro Civil a causa de la última reforma a la Ley Orgánica Municipal.
Durante la gresca el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, recibió el impacto de una lata de gas lacrimógeno en la cabeza y la herida le causó la muerte diez días después. También otras personas resultaron con heridas graves, como Hugo Jiménez, que perdió un ojo.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social llevó el caso de Chalchihuapan ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el pasado 30 de octubre, ya que es una consecuencia de la Ley Bala, misma que criminaliza la protesta social.
Sin bien el rector de la Ibero Puebla consideró importante que haya una normativa que regule el uso de la fuerza policial, dijo existe una ley a nivel federal -en referencia a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública- para controlar este tipo de intervenciones.
Entonces la Ley Bala no tuvo en un inicio por objetivo regularizar la fuerza pública, sino las manifestaciones.
"Desde mi punto de vista esa ley no era necesaria. Entonces me parece que los legisladores tienen la responsabilidad de juzgarla necesaria o no, pero poniendo delante el bien común, no del grupo en el poder", sostuvo Fernando Fernández.
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