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Por lo menos 116 activistas, ediles y líderes, en la lista negra de RMV

Por lo menos 116 activistas, ediles y líderes, en la lista negra de RMV





Por Fermín Alejandro García
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El comportamiento que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mostró el fin de semana en torno al caso de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo es una muestra clara de que el jefe del Poder Ejecutivo no buscará una salida política a la severa crisis de imagen que empieza a enfrentar por ser catalogado como un represor y que seguirá con su escalada de violencia, que por ahora tiene en la mira a 26 activistas –que enfrentan órdenes de aprehensión en su contra–; a 10 líderes y abogados de movimientos sociales, quienes constantemente son vigilados y acosados; a unos 80 ediles auxiliares que han protestado contra el retiro del registro civil de sus comunidades y a los miembros de al menos 5 organizaciones populares.

Una muestra de lo anterior se vivió el sábado por la tarde, en el poblado de San Francisco Tepeyeca, de San Martín Texmelucan, en donde había una reunión vecinal con representantes de la organización Los de Abajo –que encabezan la diputada Roxana Luna y el abogado Hilario Alonso– y hasta ahí llegó un grupo de policías municipales, quienes portaban armas largas y sin que nada justificara su presencia se pusieron a grabar en video a todos los presentes, quienes discutían asuntos agrarios de manera pacífica y en un sitio privado.

Por sentido común uno supondría que el sábado por la tarde, que es cuando alcanzó su punto más alto de la cresta en el tema del niño Tehuatlie Tamayo, pues fue cuando se oficializó su deceso, el gobierno del estado tendría cuidado de no generar más actos de violencia. Sin embargo, no ocurrió así; en San Francisco Tepeyeca los policías llegaron porque fueron enviados por los servicios de espionaje del Poder Ejecutivo y arribaron con un ánimo de provocar una confrontación con los ciudadanos que ahí estaban reunidos con el abogado Hilario Alonso.

Y lo que se hizo con la familia del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, a la que le negaron información médica, no la dejaron reconocer el cadáver del infante caído como producto de la represión policiaca del 9 de julio y le entregaron el cuerpo más de 24 horas después del deceso, es una clara exhibición de crueldad de la administración morenovallista, que no le interesa frenar la rabia, el malestar, las críticas y desconciertos que esos hechos causaron en redes sociales, medios de comunicación nacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Si el gobierno del estado no amainó su dureza en este caso que implicaba la vida de un niño que era inocente frente a los problemas políticos de su comunidad, menos se va a frenar contra quienes están en la lista negra, la cual es la siguiente:

De acuerdo con lo que tienen documentadas diferentes organizaciones, están pendientes de ejecutarse 10 órdenes de aprehensión contra activistas opuestos al gasoducto Morelos, nueve contra vecinos de Chalchihuapan y seis más contra mototaxistas de Acatzingo.

Se sabe que existe un marcaje especial contra varios líderes de organizaciones, como son los casos de Marcos Mazatle, Ricardo Jiménez, Vladimir Luna, Hilario Alonso, Simón González, entre otros, quienes aparecen nombrados en averiguaciones previas señalados de azuzar actos de violencia o que han sufrido extraños robos como advertencia de que pueden sufrir graves actos de represión.

También ha trascendido que se ha dado órdenes a más de una veintena de alcaldes que vigilen en todo momento a los ediles auxiliares y que ante cualquier reunión pública que hagan, sobre todo para tratar el malestar ciudadano por el retiro del registro civil de las comunidades, de inmediato sean reportados y se les dé trato de subversivos.

Rafael Moreno Valle no tiene la intención de dejar atrás su política persecutoria y quiere seguirse mostrando como un gobernante duro, autoritario, a quien se le debe tener miedo.

En ese sentido, guardando las proporciones y circunstancias, está cometiendo el mismo error que su antecesor Mario Marín Torres, a quien cuando le estalló el Lydiagate asumió una actitud de soberbia y no corrigió sus yerros, que le costaron un alto desprestigio nacional.

Pareciera que Moreno Valle y Marín Torres, cada uno por su lado, en su momento y en su circunstancia específica, son políticos que no comprenden que ya pasaron las épocas de los gobernantes duros y autócratas, y que ahora lo que se demanda de parte de la opinión pública más crítica es legalidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y sobre todo, el empleo del uso de la política para atender conflictos sociales.

Marín, si hubiera reconocido que tuvo una conversación telefónica reprobable con el empresario Kamel Nacif, habría podido sortear mejor el Lydiagate y no caer en el desprestigio nacional. Su galimatías de que: “Es mi voz, pero no es mi voz”, le costó muy caro.

Ahora el gobierno de Moreno Valle, con su actitud de decir que sus policías no usan balas de goma, cuando los pobladores de Chalchihuapan recogieron docenas el día del enfrentamiento del 9 de julio, se pone en la misma actitud de Marín de negar lo evidente.

Y sostener que al niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo lo mataron los vecinos de Chalchihuapan y no un proyectil de la policía, es seguir echando gasolina a la hoguera.

Si el gobierno morenovallista hubiera aceptado que se cometieron excesos policiacos el 9 de julio y sancionado a uno o dos jefes de seguridad pública, además de iniciar el dialogo con los inconformes de Chalchihuapan, habría ya frenado la crisis de imagen de represor que enfrenta.

Marín y Moreno Valle se parecen en el sentido de que son políticos a los que no les gusta asesorarse. Con la diferencia de que el primero solo se atrevió a cometer una abusiva detención de la periodista Lydia Cacho, y el segundo ya se manchó las manos de sangre.

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