Medios nacionales incrementan críticas contra el “góber bala”
Continúa
las fuertes crítica en medios nacionales hacia el gobernador del estado de
Puebla, Rafael Moreno Valle, columnistas como Carlos Loret de Mola de El
Universal, Carlos Marín de Milenio y Francisco Garias de Excélsior dedicaron su
columna a la famosa #LeyBala que cobró la vida de un menor.
El
"góber" bala por Carlos Loret de Mola en El Universal
Hoy en
Puebla de nuevo no hay protocolos ni reglas vigentes, hay un niño muerto y el
debate sigue en el mismo atolladero, dice Loret en su columna Historias de
reportero del diario El Universal
Puebla
es hoy una muestra de un falso dilema. No sé si por maña o confusión de los
políticos y varias Organizaciones No Gubernamentales.
Parecería
que frente a las manifestaciones los gobiernos sólo tienen de dos sopas:
permitir con total impunidad que grupos violentos realicen actos de vandalismo
que afecten a terceros o reprimir brutalmente a quienes protesten.
Los
partidos políticos viajan de una postura a la otra según les va tocando ser
gobierno u oposición: no les interesan los derechos de manifestación, libre
expresión, libre tránsito y seguridad pública. Trabajan para los grupos
profesionales de la protesta que los apoyan o para cuidar la cara de sus
figuras.
En las
democracias más avanzadas del mundo tienen claro que el derecho a protestar se
respeta sin condiciones. Y también que el uso de la fuerza es legítimo cuando
quienes se manifiestan recurren a la violencia y al vandalismo. Esto nadie lo
discute.
Por
eso es muy fácil detectar casos de abuso policiaco. Hay protocolos y reglamentos
detalladísimos tanto para las fuerzas públicas de seguridad como para los
manifestantes. Y los policías tienen una capacitación permanente para saber qué
hacer frente a multitudes enojadas.
La
llamada Ley bala aprobada en el mes de febrero en Puebla pareció en un
principio un intento por ordenar el tema. Pero el gobierno de Rafael Moreno
Valle y la mayoría PAN-PRI en el Congreso local se excedieron:
Comenzaron
tomando en cuenta en su iniciativa la capacitación para los policías y el
establecimiento de protocolos, pero terminaron incluyendo apartados peligrosos
como que en el cuarto nivel de emergencia frente a una manifestación, los
policías usen balas de goma, armas de fuego y “armas letales” en general.
Esperable:
la reacción de las Organizaciones No Gubernamentales fue de enérgico rechazo y
denuncia, y aún así la ley se aprobó.
Si en
la frontera entre Estados Unidos y México siempre estamos en contra del uso de
balas de goma (que en todo el mundo se sabe que sí pueden causar la muerte), es
absurdo ponerlas en manos de policías mal capacitados y plasmar en la ley que
pueden usar armas letales contra manifestantes. Era abrir la puerta a la
tragedia.
El 9
de julio, en San Bernardino Chalchihuapan, pobladores que protestaban por el
retiro de los registros civiles bloquearon la autopista Atlixco-Puebla. Con la
Ley bala en vigor llegó la policía estatal. Hubo un enfrentamiento: no se veía
gran capacitación de los policías que arrojaban a la gente lo mismo granadas de
gases lacrimógenos que las mismas piedras y objetos que habían recibido
primero.
Fue
herido en la cabeza el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien terminó
muriendo. Los pobladores afirman que lo mató una bala de goma de la policía.
Las autoridades niegan que se hayan usado y afirman que lo hirió un cohetón,
arsenal de manifestantes.
La
tragedia es que falleció un niño de 13 años. Un juez ordenó la suspensión de la
citada ley. Hoy en Puebla de nuevo no hay protocolos ni reglas vigentes, hay un
niño muerto y el debate sigue en el mismo atolladero.
Como
si la impunidad y la represión fueran las únicas dos opciones.
"Ley
bala" y "balas de goma" por Carlos Marín en Milenio
Por el
expediente del niño ingresado en el hospital, el procurador de Puebla, Víctor
Carrancá, dice que “un objeto contundente y explosivo que provoca traumatismo
cerebral” fue lo que mató a José Luis Tehuatlie Tamayo, y no un proyectil de
goma disparado por la policía.
Cohetones
como los utilizados por quienes se enfrentaron a la fuerza pública no tienen
dirección precisa, alguno “se desvió y lesionó al menor”, sostiene.
Por si
no lo fuera ya, la tragedia se magnifica con el supuesto de que la bala de goma
se usó con base en la norma rebautizada como ley bala, y cuyo nombre oficial es
para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza
por la policía.
Abrogada
ipso facto hasta que el Congreso poblano resuelva qué hacer, esa ley se apegaba
a los tratados internacionales suscritos por México, e incluía las
recomendaciones de la Cruz Roja Internacional y las del octavo Congreso de la
ONU sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente.
En el
texto, dicho sea de paso, ni siquiera aparecen las palabras balas de goma…
“¿Viste
que le dijeron Rey bala?” por Francisco Garfias en Excélsior
La
controvertida ley bala no sólo fue avalada por la CNDH, sino que su titular,
Raúl Plascencia, la llenó de elogios hace tiempo.
Polvos
de aquellos lodos. Roberto Madrazo y Manlio Fabio Beltrones desayunaron juntos
en el restaurante del Hotel Four Seasons. Se ubicaron en un lugar discreto,
donde le gusta al sonorense.
Estaban
solos al principio. Después se les unió David Penchyna. “Traigo varios
pendientes”, dijo el presidente de la Comisión de Energía del Senado.
Y se
sentó con los dos a desahogarlos.
■Al coordinador de los diputados del PRI lo
vimos posteriormente en la sede del Senado, donde se realizó la sesión de la
Comisión Permanente.
— ¿Qué
planeabas con Madrazo? ¿La agenda para 2018?—, preguntamos en broma.
—
Roberto ya anda en otras cosas. Tú sabes cómo lo respeto y lo quiero—, repuso
el sonorense.
— ¿Y
tú también ya estás en otras cosas?, insistimos.
— Los
dos ya estamos en otras cosas, a menos de que suceda algo excepcional—,
respondió, sonrisa en boca.
Luego
se arrepintió de su ocurrencia y corrigió: “Es broma, ¡eh!”.
■Garganta azul nos dijo que el gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle, estuvo ayer en el Senado. Allí se enteró de que el
grupo parlamentario del PAN se aprestaba a subir un punto de acuerdo de la
Primera Comisión de la Permanente, relacionado con la situación en Puebla.
El
mandatario está dedicado de lleno al control de daños que derivan de la muerte
del niño José Alberto Tehuatle Tamayo, 13 años, en un enfrentamiento entre
policías e integrantes del movimiento Los de Abajo, ocurrido el 9 de julio en
la carretera a Atlixco.
El
mandatario consideró que el punto de acuerdo atizaría el tema y sugirió a los
senadores azules, con los que habló, que no se subiera a la tribuna.
La
fuente nos cuenta que el senador Héctor Larios operó para que el texto ocupara
el último lugar en la agenda política de la sesión. En otras palabras, para que
no se abordara en tribuna.
La
agenda política programada para discutirse el día de ayer se suprimió integra.
La
operación silencio alcanzó también un punto de acuerdo en el que el PRI
criticaba en términos muy duros a Moreno Valle. No se subió tampoco.
Lo que
ya no se pudo hacer fue sacarlo de la gaceta. Ya estaba impreso. Dice el texto
del tricolor, en uno de sus párrafos:
“La
política criminal establecida en cada una de las entidades resulta
imprescindible para dar certeza jurídica, pues su éxito se traduce en seguridad
patrimonial y personal, en síntesis, se protege el bien jurídico más
importante, la vida.”
El
punto de acuerdo que no fue, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones
correspondientes sobre la probable violación de derechos humanos por parte del
gobierno del estado de Puebla durante las manifestaciones ocurridas el 9 de
julio de 2014, en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan.
Larios
tampoco pudo evitar que, a instancias del PRD, se guardara un minuto de
silencio por el fallecimiento de José Alberto.
Beltrones
habló sobre el caso. “¿Viste que le dijeron el Rey bala?”, nos preguntó el
sonorense. Habló de casos ocurridos en el pasado y de sus consecuencias para
gobernadores. En Chiapas, en Guerrero…
Previamente
había dicho que no quería prejuzgar sobre el caso. “Luego uno se equivoca, al
no tener elementos suficientes”.
Abundó:
“Estamos hablando de la vida de un niño. En el caso de que existan culpables,
deben ser castigados. La investigación que ya ha iniciado… debe llevar plena
satisfacción a todos aquellos que se encuentran correctamente indignados”.
La
vida te da sorpresas, dice el clásico Rubén Blades. La controvertida ley bala,
que autoriza el uso de armas letales en caso de que la vida de policías o de
terceros esté en riesgo. No sólo fue avalada por la CNDH, sino que su titular,
Raúl Plascencia, la llenó de elogios hace tiempo.
La
aberración ocurrió en un acto en el que la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla le hizo entrega al ombudsman del doctorado honoris causa.
El
gobernador Moreno Valle estaba en el evento.
Hay
más de esa aberración. Algunas ONG aseguran que Plascencia Villanueva se negó a
interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley. Estamos
hablando de la asociación Artículo 19, que defiende la libertad de expresión.
En su
elogio a la ley bala, el ombudsman dijo en Puebla:
“Mi
reconocimiento señor gobernador, y lo hago extensivo a los poderes del estado,
por esta importante iniciativa que es la primera del país y que esperemos que
pronto los demás estados lo asuman también de manera plena.”
¡Qué
bueno que otros estados no siguieron el ejemplo!
¿O no,
señor Plascencia?
El
senador nayarita Manuel Cota, presidente de la Comisión de Agricultura, se
registra este viernes en el CEN del PRI como candidato único para la Secretaría
General de la CNC. Sustituye a Gerardo Sánchez, quien termina su periodo. En los
primeros diez días de agosto, César Camacho le tomará protesta. Cota es
promotor de la reforma al campo que promueve el regreso del Crédito a la
Palabra como estrategia de desarrollo rural en el país.
El
gobernador Bala y sus medios por Dario Ramírezen Sin Embargo
Hoy en
Puebla se libra una batalla mediática y de información. El día domingo el
gobernador Bala, Rafael Moreno Valle, convocó a un cónclave con medios de
comunicación. Hasta ahí todo bien. Uno supondría que a la reunión estaban
convocados todos los medios de comunicación, y que la reunión sería para
informar sobre muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, quien
murió víctima de las balas de goma que disparó (de acuerdo a testimonios y
evidencia) la policía de Facundo Rosas (conózcasele por su cercanía a Genaro
García Luna, aquel que montaba espectáculos para los medios de comunicación,
entre otras cosas) a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. La
reunión tuvo otro fin. Solamente fueron convocados los medios
amigos-afines-compinches-chayoteros. La reunión no tuvo el objetivo de informar
sino, al parecer por los resultados, tuvo el objetivo de diseñar y trazar una
estrategia de comunicación para hacer frente a la vapuleada que estaba
recibiendo el gobernador Moreno Valle. Usted
se estará preguntando porqué el gobierno y medios (algunos) hicieron dicho
ejercicio en conjunto, ¿acaso no los medios de comunicación tienen otro papel?
¿De cuándo acá los medios comerciales tienen la responsabilidad de coordinarse
con comunicación social del gobierno? No solamente es contradictorio, sino
pernicioso para una sociedad. Al
salir de la reunión, la estrategia estaba dada: Paso 1. “El niño no murió por
bala de goma, sino por un cohetón” (se deslinda la responsabilidad a la policía
de Rosas); Paso 2. La madre (mala madre) tuvo la culpa porque no protegió a su
hijo; Paso 3. Darle voz a los “pobres” policías que fueron golpeados por los
manifestantes, es decir victimizar al Estado. Ellos sólo se defendieron; Paso
4. Los pobladores rijosos y violentos tuvieron la culpa y se lo merecían. La
estrategia del gobierno de Puebla es litigar en medios. Eso está claro. Ahí va
el procurador a programas de gran audiencia a decir sus inconsistencias y
mentiras. Pocos lo cuestionan. El circo mediático parte del hecho de que las
preguntas periodísticas no son para indagar, cuestionar o incomodar al
personaje con el fin de llegar a la verdad. No, el circo parte de una puesta en
escena donde no se habla de los hechos, donde el estado no rinde cuentas, donde
curiosamente no hay responsables, donde la intensión es hacer todo para no parecer
responsables de nada. ¡Alguien
dio la orden de atacar!, ¡alguien dio la orden de disparar balas de goma!
¡Alguien disparó balas de goma y una de ellas acabó en la cabeza de José Luis
Alberto! Pero parece ser que eso no es relevante. La
prensa que se acomoda al dinero público que reparte el gobernador con completa
discrecionalidad. Ha sido ampliamente discutido cómo la discrecionalidad en el
otorgamiento de la publicidad oficial (es decir la compra de espacios con
dinero público) es la manera en como el poder coopta a los medios. Millones y
millones están en juego. Es, sin duda, uno de los problemas más serio que
enfrenta nuestro sistema de medios y con ello nuestra democracia. Recordemos
que fue Enrique Peña quien prometió al inicio de su administración que mandaría
una iniciativa para regular el alud de dinero público en medios. Una promesa
incumplida. La caja chica es demasiado grande. Pero
poco se habla de la responsabilidad ética de los medios en relación con el
dinero público. Hasta ahora es fácil adoptar el discurso de “víctima” por parte
de los medios. Pero lo cierto es que corromper su oficio es una decisión. Ellos
deciden ir en contra de su esencia y función social. Otros medios deciden lo
contrario y se las ven negras, pero deciden no traicionarse o venderse. Otra
vez: es una decisión. El vacío en la regulación conviene a ambas partes. Solamente
en democracias tan insolentemente débiles el procurador puede salir a decir una
afirmación sin ninguna prueba. Digamos que está en su derecho de decir. Pero lo
igualmente insólito es que lanza su afirmación (sin sustento) y la prensa la
reproduce como si fuera válida de manera automática. Lo que debería ser una
investigación sigilosa e independiente, se convierte en un juicio mediático con
mucho ruido pero sin justicia. Al
mismo tiempo (y es una buena noticia) hay otro tipo de prensa en Puebla. Una
prensa que no está dentro de la nómina del gobierno. Otra prensa que advirtió
desde el primer momento el uso de las balas de goma. Que dio cuenta del
homicidio de José Luis a los pocos minutos. Que informó sobre el uso excesivo
de la fuerza por parte de la policía. Una prensa que puso en evidencia que las
autoridades no entregaron el cuerpo del menor a la madre sino después de 48
horas. Que contó el entierro del menor y dio voz a los pobladores. Una prensa
que expuso cómo la madre estaba siendo presionada por funcionarios locales para
que desistiera de demandar justicia. Una prensa que recordó que la
manifestación era por una demanda legítima: no quitar el registro civil de la
zona. Esa prensa, tarde que temprano, comenzará a sentir la ira del gobernador
Bala. Comenzarán, y perdón por el mal augurio, a recibir presión, amenazas y
vivirán un clima inaudito de hostilidad. Ojalá, ojalá me equivoque. El
gobierno de Rafael Moreno Valle esconde, engaña y desinforma. Y lo hace con la
ayuda de medios relevantes. Si había alguna duda sobre su talante democrático,
el caso de San Bernandino lo ha expuesto a la sociedad. Lo que preocupa es que
abundan los gobernadores enemigos de la prensa independiente y crítica. La
praxis de Moreno aparece en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y muchos otros
estados. La libertad de
prensa protege a la mala prensa. Eso está claro. Un pobre periodismo daña el
centro neurálgico de la democracia pero tiene derecho a existir. Lo que nos
hace falta en la ecuación, es una sociedad/audiencia que asuma su papel dentro
del sistema de medios. Mientras solamente seamos receptáculos de mentiras y
versiones contradictorias, el camino está allanado para la desinformación que
alimente la corrupción y mantenga el status quo.
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