Licitación de los verificentros viola las leyes de Puebla
Por Fermín Alejandro García
El próximo jueves deberá conocerse quiénes son los nuevos concesionarios de 17 centros de verificación vehicular, pero la licitación pública que se hizo para ese propósito –la cual se emitió de tal forma que casi nadie pudiera tener acceso a su contenido– permite mantener en secreto a los participantes en dicho concurso, otorgar las licencias de manera discrecional a quien quiera el gobierno del estado, no exige ningún tipo de modernización tecnológica del servicio y por si fuera poco, sus planteamientos violan la ley y el reglamento que norman a esta actividad.
La licitación pública en cuestión tiene el número SDRSOT–LP–OCCV–2014
–01 y para obtener una de las bases había que pagar 10 mil pesos. Uno de los adquirientes de ese documento proporcionó una copia a este columnista, en la cual una de las primeras observaciones que saltan a la vista, contenida en la página 8, esa que con el concurso viola los ordenamientos legales que rigen a los verificentros. En la convocatoria se establece lo siguiente:
“El otorgamiento de las concesiones que deriven de este procedimiento, será por un periodo máximo hasta de 20 años, debiendo ser revalidadas cada año en el mes de enero”.
Resulta sorprendente dicha condición establecida en la convocatoria, pues se viola el artículo 46 del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en el cual se indica que las concesiones de los verificentros tienen una duración máxima de 12 años.
Eso significa que el gobierno morenovallista quiere dar ocho años de gracia a quien se le adjudiquen las concesiones, sin haberse reformado el ordenamiento que se supone fijaba el plazo máximo de duración. Aunque también puede haber ocurrido que dicho reglamento haya sido modificado, pero en lo oscurito, tal como ocurre con todos los asuntos delicados del Poder Ejecutivo estatal.
Una segunda violación es que en el artículo 37 de ese mismo reglamento se indica que en Puebla quien ya tiene una concesión de un verificentro no puede obtener –por lo menos con la misma razón social– un segundo centro de verificación vehicular. Esta norma literalmente, como se dice popularmente, “se la pasaron por el arco del triunfo”, por lo que a continuación se expone:
En la página 9 de la licitación se exige que para que una persona física o moral pueda concursar tiene que cumplir con el siguiente requisito, que consiste en que: “Acredite mediante copia simple del titulo de concesión que actualmente tiene instalado y operando un centro de verificación vehicular y que lo ha hecho de forma continúa al menos dos años”.
Todo huele a Kahwagi
Como parte del objetivo del concurso público –se dice en el texto oficial– se garantiza que habrá un procedimiento con “imparcialidad, transparencia y eficacia”. Todo eso es mentira, de acuerdo a lo que marca el propio documento. Veamos:
En las páginas 9 y 10 de la licitación se establecen 10 requisitos, muy difíciles de cumplir, para que alguien pueda competir por una o varias concesiones, y luego se imponen 13 restricciones para negar la participación a quienes no cumplan con los requerimientos. Pero al llegarse a la página 19, inciso 32, todo se echa por la borda, al anotarse:
“En caso de declararse desierta la Licitación, la Convocante –o sea la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial– podrá otorgar los Títulos de Concesión en forma directa” (sic)
Dicho de otra manera, las concesiones serán para quien decida el Poder Ejecutivo estatal, por encima del supuesto concurso.
Luego, en la página 13, se anota: “Para efectos de las presentes Bases se considera información confidencial, en términos de la normatividad aplicable, entre otras, las siguientes: a) Los datos personales, b) La información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional, c) La información protegida por la legislación en la materia de derechos de autor y propiedad intelectual, d) La relativa al patrimonio de una persona física o jurídica de derecho privado, entregada con tal carácter a la Convocante y e) La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen”.
Al leerse todos esos requisitos uno se pregunta: ¿pues qué se licita, la cura al VIH?, ¿la transformación del agua en petróleo?, ¿la localización del tesoro de Moctezuma? Ya que no se entiende por qué tantos candados para que los ciudadanos no podamos enterarnos de quién o quiénes concursaron por los verificentros.
Lo más interesante viene en la página 9, ya que ahí se establece –tal como se anotó antes–, que para concursar que hay tener por lo menos un verificentro funcionando, pero también se indica que es requisito que se “acredite experiencia comprobable mínima en la operación de un centro de verificación vehicular con tres líneas de prueba dinámica”.
Resulta relevante lo anterior por dos aspectos. El primero porque con esos requisitos se deja fuera del concurso a todos los que empresarios de Puebla que tenían verificentros, ya que nadie manejaba más de dos líneas de prueba dinámica.
Y el segundo aspecto es que en casi todo el país nadie tiene verificentros con más de dos líneas de prueba dinámica, a excepción de los establecimientos que funcionan en el estado de México y el Distrito Federal, que en su mayoría son operados por el ex presidente nacional del Panal, Jorge Kahwagi Macari, o empresarios ligados a este político.
La forma en que se reserva la información, los requisitos que se imponen para poder concursar y la decisión de que se pueden asignar directamente los verificentros hace suponer que todos los caminos conducen a que el ganador será Kahwagi o sus socios. No le busque más.
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