FUENTE DE PODER

                                   Por Martin Márquez Silva

Garantizan autoridades Estatales y Municipales estabilidad en el CERESO de Huejotzingo

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D Boletín Informativo No. 61 Huejotzingo.docx

ÁLVARO DELGADO

ANÁLISIS

Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla.

MEXICO, D.F. (pro).- Nada ni nadie evitará que el gobernador panista Rafael Moreno Valle lleve en el rostro, para siempre, el sello indeleble del homicida.

Ni la derogación de la Ley Bala, que da permiso para matar.

Ni la destitución de funcionarios.

Ni su propia renuncia.

Ni su fracaso –o éxito– como aspirante presidencial.

La perpetua reputación criminal del gobernador de Puebla tiene un agravante: La víctima es un niño de 13 años de edad.

Y el abuso de poder está acreditado: El homicidio se cometió durante una manifestación legítima, en respuesta a una ley lesiva para los ciudadanos más pobres y ante la autoridad arrogante y sorda.

La responsabilidad del gobernador es inequívoca, porque tras la disolución del bloqueo a la autopista Puebla-Atlixco, el miércoles 9, Moreno Valle se regodeó ante periodistas de haber aplicado la criminal Ley Bala: “Ustedes han visto cómo la ley que se aprobó en Puebla se aplica”.

Moreno Valle quiso mantener el caso sólo en Puebla, donde controla todo, y se aferró a imponer la tesis de que los culpables de la violencia fueron sólo los manifestantes, armados con “piedras de grueso calibre”, a quienes imputó inclusive la muerte cerebral del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Contra todas las evidencias –que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no podrá ocultar, salvo que se someta al poder–, el gobernador afirmó que el cráneo del niño fue destrozado por los cohetones de los manifestantes y no las balas de goma y gases lacrimógenos lanzados por la policía de Facundo Rosas, el aún lugarteniente de Genaro García Luna.

Por eso el dictamen popular, que en un nuevo fenómeno de las redes sociales ha hecho rectificar a algunos medios –casi todos comprados por él en Puebla y en la capital–, es implacable: #MorenoValleAsesino.

Sólo la muerte del niño, el sábado 19, le movió el piso a Moreno Valle. Entró en pánico.

Moreno Valle lo sabe: Nada ni nadie, ni siquiera la élite que le dará impunidad –porque a ella pertenece, como Enrique Peña Nieto– podrá ya borrarle de su faz el sello de gobernante homicida, como su abuelo el general del que lleva su nombre y apellidos, gobernador encumbrado por Gustavo Díaz Ordaz y defenestrado por Luis Echeverría, a cual más con las manos tintas en sangre.

Ni siquiera el escándalo de “Mamá Rosa” en Michoacán, que sirve de coartada a opinócratas de derecha para soslayar el inaudito abuso de poder en Puebla, podrá librar a Moreno Valle de las consecuencias de su autoritaria forma de gobernar, justo a dos años de finalizar su periodo como gobernador.

Moreno Valle quiso impedir a punta de dinero la crisis –como en su momento Mario Marín– y negando lo evidente –como Rubén Figueroa en Aguas Blancas, en junio 1995, y Emilio Chuayffet con Acteal, en diciembre de 1997–, y fracasó.

Fue siempre un impostor: Un día después de ganar la gubernatura de Puebla, el lunes 5 de julio de 2010, hablé con él y prometió que la ley sería su guía y que el autoritarismo estaría proscrito en el estado.

“Yo no estaría dispuesto a torcer la ley para lograr un objetivo político o partidista. En el momento en que estás dispuesto a torcer la ley, en cualquier circunstancia, en ese momento acabas con el estado de derecho. Yo gobernaré con la ley en la mano”.

Dos años después, como parte de un reportaje que lo enfureció –que Proceso cabeceó como “dos años de magalomanía”–, y cuando era evidente el control del gobierno, el Congreso, los partidos políticos, la prensa, el empresariado, las universidades –todo–, el politólogo Manuel Díaz Cid lo comparó con Maximino Ávila Camacho, gobernador de mano dura a partir de 1937.

En 2012, cuando el gobernador de manera arbitraria sometió al PAN estatal, con el aval de Gustavo Madero –cómplices con dinero sucio–, el fundador y catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dijo que esa conducta era “un incipiente autoritarismo” que, de no rectificar, se convertiría en “autoritarismo pleno”.

Y, visionario, Díaz Cid expresó: “Sería como un retorno a las épocas del avilacamachismo, que en su época fue así. Ávila Camacho entendía que sus aliados tenían un espacio y un juego, sus adversarios ninguno. Y aquí no: no hay más que la figura de un personaje y esto marca un contraste hasta con el avilacamachismo. Tal vez las formas serían menos violentas, pero en el orden político es mucho más autoritaria esta forma que el avilacamachismo”.

Yo digo: Resultó peor.

Apuntes.

En realidad, la Ley Bala de Puebla –derogada por los mismos mansos diputados de PAN, PRI y PRD que la aprobaron– es un instrumento que también ya existe, a nivel nacional, para reprimir las protestas sociales que habrá como consecuencia del despojo de tierras por la privatización energética. Todo apunta a que habrá un reguero de cadáveres y los serviles dirán: Ellos se lo buscaron…Proceso.

Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

La bancada del PRI en el Congreso tiene la “conciencia tranquila”, aseguró Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien precisó que al votar a favor de la denominada “Ley Bala” su partido no “dio permiso para matar”.

Aseguró que el problema no es el ordenamiento legal que aprobó el Congreso, sino de su aplicación

A casi una semana del enfrentamiento entre policías y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, el líder de la LIX Legislatura aseguró que el problema no es el ordenamiento legal que en mayo pasado aprobó el Congreso, sino la aplicación de la misma, acción que sostuvo es responsabilidad de Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Previo a que iniciara la sesión pública, el también coordinador de la fracción priísta, consideró que la Procuraduría General de la República  (PGR) debe de atraer el caso para investigar el uso excesivo de la fuerza pública en contra los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Además, el priísta sentenció que el origen de la protesta, es la reforma a la Ley Orgánica Municipal que la pasada Legislatura aprobó para retirarles el Registro Civil a las juntas auxiliares, la cual promovió el panista Mario Riestra Piña, hoy secretario general del ayuntamiento de Puebla.

Giorgana Jiménez señaló que los ex diputados, incluidos los del Revolucionario Institucional, se quedaron “cortos” al aprobar una reforma que dejaron trunca.

Al igual que la perredista Socorro Quezada Tiempo, Giorgana Jiménez se pronunció porque Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), comparezca ante el Poder Legislativo para aclarar cómo se llevó a cabo el operativo en el que resultaron heridos el menor de 13 años, José menor de 13 años, José Luis Tehuatlie Tamayo y Vicente Tecalero Jiménez, de 21 años de edad, ambos con lesiones cerebrales de gravedad.

  Familiares de lesionados y detenidos por el enfrentamiento entre granaderos y juntas auxiliares del pasado miércoles, responsabilizaron al gobierno estatal, encabezado por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, del saldo del enfrentamiento que resultó en cerca de 70 heridos, al menos 10 de ellos de gravedad y piden justicia .

Los agraviados señalaron su rotundo rechazo a la denominada "Ley bala", que aplico la policía contra la manifestación que encabezaron, mismas que fueron iniciadas por el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSPE), y que fueron respondidas por los manifestantes con piedras y palos

 Al ser entrevistado el presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, de Santa Isabel Cholula, José Salomé Pacio Grande, menciono que los policías no dieron ningún aviso del uso de armas,  ni siquiera dieron oportunidad de entablar el diálogo, pues inmediatamente usaron gases lacrimógenos, balas de goma, e incluso granadas de balas de goma.

"El gobierno sólo busca culpables, estamos conscientes que no íbamos con armas, ni siquiera nos dieron chance de entablar el diálogo, inmediatamente empezaron a agredir", declaró molesto con la actitud que asume el gobierno para culpar a los  ciudadanos que participaron en la manifestación,

De acuerdo con el reporte de los pobladores de Chalchihuapan, entre los detenidos la tarde del miércoles se encuentran Félix Xelhua Montes, Sergio Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo, Antonio Montes Contreras y Martina Ocelot, estos últimos de 80 y 65 años de edad, respectivamente;  sin embargo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sólo reportó la detención de cuatro.

Mediante un comunicado de prensa enviado la noche del jueves la dependencia dio a conocer que Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras serían consignados en las próximas horas, pero no dio detalles de Martina Ocelot.

El gobierno del estado responsabiliza a los detenidos por los delitos de ataques a la vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo.

A pregunta de los reporteros la diputada federal, Roxana Luna Porquillo, manifestó su apoyo a los involucrados, principalmente a Elia Tamayo y su hijo de 13 años, José Luis Tlautle Tamayo, quien se encuentra en terapia intensiva tras ser golpeado por lo que aseguran fue una bala de goma y no un proyectil arrojado por la comunidad.

Al respecto, la diputada mencionó que la madre del menor ha sido víctima de presiones por parte de la Secretaría General de Gobierno, luego que personal de esta dependencia supuestamente la ha presionado para firmar documentos en donde responsabilice a los manifestantes y no a los granaderos, tal como lo hizo en su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Asimismo, denunció que desconocen el estado en el que se encuentra José Luis, ya que los doctores del Hospital del Sur, en donde se encuentra en terapia intensiva, no han informado de su condición.

Luna Porquillo dijo que además de los 4 detenidos, hasta este momento una mujer de la tercera edad de más de 65 años está desaparecida, pues el reporte de personas arrestadas es de 4, por lo que también responsabilizó al gobierno morenovallista por lo que pudiera pasarle.

Finalmente, tanto la diputada, como el presidente auxiliar y los afectados, pidieron al ejecutivo estatal reconsiderar la aplicación de la ley bala, lamentando que faculte a la policía de agredirlos sin importar la presencia de niños y mujeres.

De igual manera, aseguraron que mantendrán su postura de rechazo sobre el retiro de los registros civiles en juntas auxiliares, ya que negaron existan procedimientos de corrupción en la expedición de documentos, como lo ha afirmado Moreno Valle, y recordaron por ello la importancia que estos servicios sean cercanos a sus poblaciones.

Aplican #LeyBala en Tehuacán contra ciudadanos de 28 juntas auxiliares por pedir registro civil, hay lesionados

Con abuso de la fuerza pública, más de 150 elementos de la Policía Estatal desalojaron a manifestantes procedentes de 28 juntas auxiliares de la región, quienes mantenían asegurado el Centro Integral de Servicios (CIS) con trabajadores y usuarios adentro, y además bloqueaban la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Ayer, alrededor de las 11:00 horas, más de mil 500 inconformes de Zoquitlán, Ajalpan, Vicente Guerrero y Tehuacán cerraron la entrada y salida de CIS, dejando a cerca de 200 personas en el interior, quienes buscaron la forma de salir, quedando solo unos 100.

Al no existir acuerdo con el gobierno, los inconformes decidieron continuar en el lugar, por lo que la Policía Estatal dio un ultimátum para liberar a las personas y la vialidad. Tras no existir respuesta iniciaron de forma violenta el desalojo.

Los uniformados se lanzaron contra cualquier persona que se encontraba en el sitio, incluso reporteros y fotógrafos, y de forma arbitraria trataron de impedir que existiera evidencia del exceso de fuerza que utilizaron para retirar a los manifestantes.

Varios trabajadores de los medios fueron jaloneados, además trataron de quitarles su equipo de trabajo. Este acto lo vivió Aurelio García López, fotógrafo del periódico el Mundo de Tehuacan

Tras los hechos, los ediles auxiliares calificaron la acción del Estado como un acto violento, pues ellos no iban armados, solo exigían el diálogo para que les regresen los servicios del Registro Civil.

Más de 150 efectivos de la Policía Estatal Preventiva, desalojaron a unos 1,500 manifestantes que desde las 11:00 horas de ayer bloquearon el acceso a la ciudad, arrojando un saldo de seis detenidos, y además de cinco pobladores, un comerciante y un fotógrafo heridos por golpes de toletes y piedras.

El desalojo comenzó pasadas de las 17:00 horas y concluyó 40 minutos después, fue en el poniente, a la salida de Tehuacán, donde los manifestantes se habían plantado exigiendo un diálogo con el Secretario de Gobernación del Estado, para el regreso de los servicios del Registro Civil.

El grupo Antimotines de la Policía Estatal Preventiva dispersó a los pobladores con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento, una manifestación de cientos de pobladores de al menos 28 juntas auxiliares de la región.

Fue al filo de las 17:30 horas cuando los agentes de los cuerpos de seguridad arrojaron piedras y otros objetos contra los manifestantes para liberar el paso al Centro Integral de Servicios (CIS), donde había alrededor de 100 empleados y usuarios.

Previo al desalojo, allí mismo se efectuaron asambleas regionales desde las 11:00 horas de la mañana donde el acuerdo fue realizar una caminata al “trébol” de Coapan y al Centro Integral de Servicios (CIS), donde bloquearon los seis carriles de acceso a la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y el entronque a la carretera federal-150 México-Veracruz.

Los pobladores retrocedieron unos metros, pero el desalojo fue inevitable; en esos momentos las fuerzas estatales les dieron una “corretiza”, mientras los hombres protegían a cientos de mujeres que estaban en la retaguardia, algunas fueron agredidas con palos en mano.

Durante el desalojo un hombre yacía en el piso, quien pese a que se identificó como comerciante de antojitos y estaba aparentemente herido, los uniformados con el escudo le pegaron a la altura del cráneo, lo que le provocó una herida de seis centímetros.

Por otro lado, mientras los policías intentaban retirar a la prensa, arremetieron contra los reporteros y amenazaron a los fotógrafos para que cesaran de realizar tomas.

Los manifestantes denunciaron que los cuerpos policiacos “actuaron con total lujo de violencia contra un movimiento pacífico”, por lo que tacharon de represivo el desalojo, que duró más de media hora; al final, un grupo de periodistas se refugió en un comercio para no sufrir más el acoso de los uniformados, ya que a su paso iban asegurando a personas que se encontraban en la zona.

Reportan Alrededor de 30 heridos, seis detenidos, ocho desaparecidos y cinco reporteros golpeados

El  desalojo violento que realizaron  elementos de la Policía estatal en Tehuacán, luego que por más de seis horas unos mil 500 pobladores liderados por los presidentes de las juntas auxiliares de la zona cerraron la carretera federal Puebla-Tehuacán en protesta por haberles retirado el servicio del Registro Civil. La protesta inició alrededor de las 10 de la mañana, cuando los quejosos de dicho municipio, así como de Coxcatlán, Zoquitlán y Ajalpan, se apostaron a las afueras del Centro Integral de Servicios y cerraron el tránsito de la carretera como medida de protesta porque el gobierno del estado les quitó las facultades de Registro Civil a más de 600 juntas auxiliares de todo el estado y a la fecha no se ha restablecido el servicio ante la falta de personal.