La decisión responde a los riesgos geológicos que enfrenta el archipiélago, ubicado en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Las autoridades buscan mejorar la coordinación entre dependencias nacionales y gobiernos locales para reducir los daños humanos y materiales que podrían ocasionar futuros desastres.
La nueva institución comenzó sus actividades el 2 de noviembre y tendrá entre sus principales responsabilidades organizar los protocolos de actuación ante terremotos, tsunamis y otras emergencias de gran magnitud.
El proyecto también contempla mejorar las condiciones de los refugios donde son trasladadas las personas que pierden sus viviendas o deben abandonar sus comunidades por razones de seguridad. La disponibilidad de agua potable, alimentos, instalaciones sanitarias y espacios adecuados para descansar forma parte de las prioridades.
La experiencia del terremoto y tsunami de marzo de 2011 continúa siendo uno de los principales antecedentes para esta transformación. Aquella tragedia dejó miles de víctimas, destruyó comunidades completas y provocó el accidente nuclear de Fukushima, cuyos efectos permanecieron durante años.
A partir de ese acontecimiento, Japón ha fortalecido sus mecanismos de prevención; sin embargo, las autoridades consideran necesario avanzar hacia un modelo que permita responder con mayor rapidez y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.
Uno de los escenarios que genera mayor preocupación es la posibilidad de un terremoto de gran intensidad en la fosa de Nankai, frente a la costa del Pacífico. Las proyecciones oficiales contemplan consecuencias potencialmente catastróficas, con cientos de miles de fallecimientos en el peor escenario estimado.
Tokio tampoco está exenta de riesgos. Un movimiento telúrico de gran intensidad en la región metropolitana podría afectar infraestructura, transporte, servicios básicos y zonas densamente pobladas.
A estos peligros se suma la actividad volcánica del monte Fuji, cuya eventual erupción podría provocar caída de ceniza y complicaciones para millones de habitantes.
Con la nueva agencia, el Gobierno japonés pretende que la preparación ante desastres deje de concentrarse únicamente en la reacción posterior a una emergencia y adquiera un carácter permanente.
La apuesta consiste en fortalecer la prevención, mejorar los sistemas de evacuación y garantizar que las autoridades tengan capacidad de respuesta cuando se presente una catástrofe.
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