El Gobierno de Giorgia Meloni refuerza la seguridad y anuncia sanciones más severas contra participantes en actos violentos.
El Gobierno italiano anunció el despliegue de 500 militares adicionales en Milán para reforzar las labores de seguridad, luego de una serie de disturbios que dejaron comercios dañados, establecimientos saqueados y enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas policiales.
La primera ministra, Giorgia Meloni, confirmó la medida el martes 20 de octubre después de una reunión del Consejo de Ministros. Los efectivos permanecerán en la ciudad hasta finales de año y trabajarán junto con la Policía y los Carabinieri, en un intento por prevenir nuevos episodios de violencia.
Los incidentes ocurrieron durante el fin de semana, cuando grupos de jóvenes irrumpieron en establecimientos comerciales, rompieron escaparates y se enfrentaron con agentes de seguridad. Las movilizaciones habían comenzado en un contexto de inconformidad por el costo de vida y los servicios públicos, pero algunas derivaron en actos de vandalismo y saqueos.
Según los reportes difundidos por medios italianos, más de 270 personas fueron detenidas durante los disturbios y alrededor del 80 por ciento eran menores de edad. Los enfrentamientos también dejaron policías lesionados y daños materiales en el centro de la ciudad.
Además del refuerzo militar, el Ejecutivo aprobó medidas para endurecer las consecuencias legales de determinados actos violentos. Entre ellas figura la creación de un delito relacionado con la participación violenta en manifestaciones, que puede contemplar penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20 mil euros.
El decreto también prevé facilitar el procesamiento de adolescentes mayores de 14 años en determinados supuestos y establecer responsabilidades económicas para los padres por daños ocasionados por sus hijos, conforme a las condiciones contempladas en la norma. Las disposiciones deberán seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
El Gobierno argumenta que las medidas buscan proteger a los ciudadanos, los comercios y el derecho a transitar por los espacios públicos. Sin embargo, las nuevas facultades también abren un debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y la diferencia entre una protesta pacífica y los actos delictivos.
Con el despliegue de militares y el endurecimiento de las medidas de seguridad, Italia intenta evitar que los disturbios se repitan durante las próximas movilizaciones. La evolución de la situación será clave para evaluar el alcance de la respuesta gubernamental y sus efectos sobre el orden público.
Fuente: EFE, ANSA y Associated Press.
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