Ceuta vive desde finales de julio una crisis sin precedentes. En apenas 48 horas cruzaron desde Marruecos decenas de miles de personas —cifras que oscilan en torno a 72.000 según recuentos periodísticos— y la ciudad autónoma sigue desbordada. Este jueves, el Gobierno español convocó a la embajadora marroquí por declaraciones de ministros del reino vecino que Madrid calificó de “inaceptables”. Ella no acudió; fue el encargado de negocios.
Pedro Sánchez compareció en el Congreso para afirmar que Ceuta y Melilla son españolas “a perpetuidad” y que, hasta ahora, “nadie puede probar” que Rabat orquestara la entrada masiva. La oposición y buena parte de la calle no le creen. Manifestaciones en decenas de ciudades —Madrid, Palma, y concentraciones locales— exigieron protección para los ceutíes. ABC y otros periódicos titularon el apoyo ciudadano como un “clamor”.
Un informe policial, filtrado y discutido con virulencia, señala que más del 90% de los móviles que habrían coordinado la avalancha tenían prefijo marroquí. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostiene que no conocía un documento clave; la oposición habla de ocultación. Ceuta se personará como acusación particular en la Audiencia Nacional.
En la ciudad, la tensión cotidiana es otra: alojamientos improvisados, presión sobre sanidad y colegios, y un decreto de ayudas de 80 millones de euros que entra en vigor como parche de emergencia —el equivalente a una porción notable del PIB local en pocos meses—. También hay hechos violentos aislados: una mujer ceutí detenida por el homicidio de un migrante en situación irregular.
Donald Trump aprovechó la crisis para atacar a Sánchez y tildar de “terrible” la negativa española a subir el gasto en defensa. El presidente estadounidense dijo no haber visto “nada igual”. En Bruselas, la crisis se lee como un test de la política migratoria europea y de la relación con Rabat, socio imprescindible en control de fronteras y a la vez actor que puede abrir o cerrar el grifo.
Mientras tanto, cientos de jóvenes marroquíes han empezado a volver por su pie. “No me queda otra”, resume uno de ellos en crónicas de El País. La imagen —la ida masiva y el regreso silenciosos— resume la precariedad de quienes cruzaron sin un plan más allá de la oportunidad del momento. Ceuta, enclave de 83.000 habitantes, se ha convertido en el termómetro de una diplomacia herida y de una Europa que discute solidaridad cuando el problema ya está dentro de la valla.
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