FUENTE DE PODER.
Por: Carlos Torres,
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba en Puebla un acto que tuvo mucho más de político que de ecológico, se puso en marcha la Jornada Nacional de Reforestación 2026, con el anuncio de una ambiciosa meta: sembrar 6.6 millones de árboles y plantas de 302 especies, además de un millón de semillas, en 32 mil 184 hectáreas distribuidas en las 32 entidades del país.
El anuncio suena bien. Muy bien, incluso.
El problema es que entre sembrar un árbol y recuperar un bosque existe una enorme diferencia. Un árbol no crece por decreto, ni sobrevive porque una autoridad se tome la fotografía mientras lo planta. Muchos de esos ejemplares necesitarán más de diez años para alcanzar un desarrollo suficiente que les permita cumplir plenamente con su función ecológica.
Y para llegar hasta ahí tendrán que sobrevivir a la falta de agua, las plagas, los incendios, el cambio de uso de suelo y, sobre todo, al enemigo que parece avanzar con mayor rapidez que cualquier programa de reforestación: la tala clandestina.
Porque mientras los gobiernos anuncian millones de árboles por sembrar, millones de árboles de los bosques mexicanos son derribados.
Las bandas de talamontes conocen perfectamente el negocio.
Lo preocupante es que, en distintas regiones del país, el traslado de madera no parece hacerse precisamente a escondidas.
Camiones y tráileres cargados con troncos circulan de día y de noche por las carreteras, mientras las autoridades encargadas de vigilar los recursos forestales parecen no enterarse, no poder actuar o, peor aún, decidir mirar hacia otro lado.
Y ahí aparece una pregunta incómoda: ¿de qué sirve plantar millones de árboles si no existe una estrategia eficaz para impedir que otros millones sean destruidos?
En Puebla el problema resulta todavía más evidente.
Los bosques de la Sierra Norte y de la Sierra Nororiental han sufrido durante años una presión constante.
En muchos municipios, los habitantes conocen perfectamente quiénes se han beneficiado durante décadas de la explotación de los recursos forestales.
También lo saben las autoridades locales. Entonces, ¿por qué rara vez pasa algo?
La respuesta no está en los discursos, sino en los resultados. De poco sirve presumir la entrega de miles de arbolitos, organizar jornadas de reforestación o anunciar hectáreas recuperadas si después nadie informa cuántos árboles sobrevivieron, dónde fueron sembrados, quién se encargó de cuidarlos y qué porcentaje terminó seco o simplemente nunca llegó al terreno.
La reforestación no debería medirse por la cantidad de árboles entregados para la fotografía oficial, sino por la cantidad de árboles que sobreviven cinco, diez o veinte años después.
El verdadero desafío tampoco consiste solamente en sembrar.
Consiste en proteger. Mientras un funcionario planta un árbol frente a las cámaras, un talamonte puede estar derribando decenas o cientos de ellos en algún bosque cercano. Esa contradicción convierte muchas campañas ambientales en una especie de foco distractor: mucho discurso, muchas cifras y fotografías, pero pocos resultados verificables.
La protección de los bosques requiere vigilancia permanente, castigo efectivo a quienes destruyen, seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal, controles reales en carreteras y transparencia sobre el destino de la madera. También exige dejar de tratar la reforestación como un acto político de temporada. Porque un bosque no se recupera con una ceremonia.
Un bosque se recupera cuando los árboles sobreviven, cuando las comunidades participan, cuando las autoridades vigilan y cuando quienes destruyen los recursos naturales enfrentan consecuencias.
De lo contrario, los 6.6 millones de árboles anunciados terminarán siendo solamente una cifra más en el discurso oficial. Y mientras los gobiernos cuentan los árboles que prometen sembrar, los talamontes seguirán contando el dinero que obtienen de los que derriban.
Esa es la verdadera batalla ambiental que debería estar librándose en Puebla y en todo México.
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