La Haya.— La confrontación entre Estados Unidos y el Tribunal Penal Internacional (TPI) se intensificó nuevamente luego de que el gobierno de Donald Trump ampliara las sanciones contra integrantes de la institución, en una campaña que Washington busca utilizar para cuestionar la legitimidad y jurisdicción del tribunal.
La administración estadounidense impuso recientemente sanciones contra la presidenta del TPI, Tomoko Akane, además de otros funcionarios vinculados con investigaciones de la corte. Las medidas contemplan restricciones financieras y de acceso al sistema económico estadounidense.
Washington sostiene que el tribunal representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y rechaza que pueda investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses.
La administración Trump también ha cuestionado las investigaciones relacionadas con Israel, particularmente aquellas vinculadas con la guerra en Gaza.
La ofensiva estadounidense ha ido más allá de las sanciones individuales. Washington también ha presionado a otros países para que abandonen el tribunal, mientras algunos gobiernos han comenzado procesos de salida. Chad y Venezuela aparecen entre los países que han tomado medidas recientes en ese sentido.
El TPI, por su parte, ha defendido su independencia y ha advertido que las presiones externas representan un riesgo para el sistema internacional de justicia. La institución sostiene que continuará investigando y procesando casos relacionados con genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La disputa representa un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la justicia internacional y la soberanía de los Estados. Mientras Washington cuestiona las facultades del tribunal, países europeos han reiterado su respaldo a la institución y han llamado a proteger su independencia.
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