Fernando Vázquez Rigada
Es muy difícil sustentar la tesis de los defensores a ultranza del gobierno, insertados en los medios, en el sentido de que no hay una crisis de Estado.
Dicen, con gran ligereza: la crisis de Sinaloa no implica una crisis de Estado.
¿No?
El estado no funciona.
Hay una sangría y un narcogobierno. La economía está en picada. No existe el tejido social. Aplicaría, sin duda, la fórmula de desaparición de poderes establecida en la Constitución.
Quizá, solo quizá, si fuera Sinaloa un caso aislado no podríamos considerarlo una crisis de Estado.
Pero no es una excepción: es la regla.
Baja California y Tamaulipas, dos ciudades fronterizas con Estados Unidos, están copadas. Colima es el estado más violento del país con relación a su población. Michoacán está incendiado. Guerrero sufre el drama de los desplazados por el narco. Zacatecas amanece con cuerpos colgados de puentes.
En Tabasco se asentó una maquinaria del gobierno para matar y delinquir: la Barredora. Se extendía a Chiapas, donde tiraban los cadáveres en una operación cuyo nombre revela el cinismo: “sembrando vida”. Ahí, como desafío, el Cártel de Sinaloa organizaba desfiles. Grandes porciones de Jalisco son controladas por el cártel.
La geografía de Veracruz es una cicatriz por el tráfico humano, que no sólo proviene de afuera: hay una proveeduría en todo el país cuyo epicentro es Tlaxcala.
Corre la versión de que 9 gobernadores han visto congeladas sus cuentas en Estados Unidos.
Casi un tercio de los del país.
El impresentable gobernador con licencia Rocha Moya fue destituido, pero no encarcelado, con lo que la impunidad se vuelve no solo ejemplo: también invitación a los demás.
Sólo una muestra como botón del drama municipal: la operación Enjambre, lanzada por el gobierno federal, ha detenido o investiga a 15 alcaldes en Morelos. El estado tiene 36 municipios.
Así está casi todo el país.
El huachicol fiscal ha costado 600 mil millones de pesos y pudrió instituciones centrales del Estado: aduanas, puertos, carreteras, ferrocarriles, el SAT, la UIF. En su centro están los hijos de López Obrador y la Marina Armada.
El Congreso está desfigurado por una grosera sobre representación.
Pero el antiguo líder de la mayoría en el Senado, que está señalado por vínculos con todos los delitos enunciados arriba, ahí sigue: vivito y coleando. También el senador indiciado en Estados Unidos: Enrique Inzunza.
El Poder Judicial no sólo está desvielado. Es una vergüenza. Hay una confrontación abierta y bochornosa en la Suprema Corte y también en el Tribunal Electoral. Hay jueces que no imparten justicia: imparten ignorancia.
Si todo este conjunto de instituciones quebradas moral, financieramente, y en su desempeño cotidiano, no constituye una crisis de Estado, francamente no sé qué lo sea.
Tenemos un Estado discapacitado.
Peor: tenemos un Estado en disputa y un Estado medroso.
La solución llevará lustros o décadas, y no pasará por una reingeniería.
Requeriremos una refundación institucional y una profunda depuración de las personas.
@fvazquezrig
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