La decisión de última hora de anunciar la puesta en venta del inmueble, supuestamente para destinar los ingresos a paliar los efectos de los incendios en la Sierra Oeste, ha sido recibida con escepticismo, interpretándose más como una maniobra de emergencia para mitigar el impacto mediático que como un plan administrativo sólido.
La situación se ha agravado por los detalles técnicos que han trascendido en los últimos días, como la imposición de cláusulas de confidencialidad inusuales durante el proceso de compra, lo que ha generado sospechas sobre la rigurosidad de los procedimientos de contratación pública.
Mientras la oposición intensifica sus demandas de dimisión, respaldada por sectores de la Delegación del Gobierno, Ayuso continúa aferrada a su línea de defensa habitual, denunciando una supuesta campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos para desestabilizar su gobierno. Este conflicto, sumado a la tensión nacional por la crisis migratoria en Ceuta, ha dejado a la presidenta en una posición de vulnerabilidad inédita.
La realidad es que el caso del ático ha dejado de ser un simple debate sobre patrimonio para transformarse en un examen sobre el modelo de gestión del Partido Popular en la capital, y el costo político de esta apuesta inmobiliaria empieza a ser cada vez más difícil de cuantificar.
Foto: EP
Publicar un comentario