La postura fue fijada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que cualquier acusación de esta naturaleza debe sustentarse con evidencia sólida y compartirse mediante los mecanismos oficiales de cooperación entre ambas naciones, evitando filtraciones o declaraciones que puedan generar especulaciones sin sustento.
El pronunciamiento surgió después de que autoridades estadounidenses dieran a conocer investigaciones relacionadas con organizaciones criminales dedicadas al llamado "huachicol", actividad que durante los últimos años ha provocado pérdidas millonarias para las finanzas públicas mexicanas y ha fortalecido la estructura económica de diversos grupos delictivos.
Desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración mantiene una política de colaboración con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, combate al crimen organizado y vigilancia de las cadenas de suministro energético, pero dejó en claro que cualquier señalamiento contra funcionarios, políticos o instituciones mexicanas debe estar acompañado de pruebas contundentes.
Sheinbaum reiteró que México no aceptará acusaciones sin fundamento y recordó que ambos países cuentan con tratados y mecanismos jurídicos para intercambiar información relacionada con investigaciones criminales.
Especialistas consideran que este episodio representa un nuevo reto para la relación bilateral, especialmente cuando ambos gobiernos mantienen abiertas negociaciones en temas de seguridad fronteriza, combate al tráfico de drogas, migración y comercio.
Analistas en relaciones internacionales coinciden en que el intercambio de información entre agencias debe realizarse bajo los principios de respeto mutuo y soberanía, evitando que investigaciones en curso se conviertan en elementos de presión política.
Mientras tanto, autoridades mexicanas continúan desarrollando operativos para combatir el robo de hidrocarburos, delito que en los últimos años ha mostrado cambios en su operación mediante redes de distribución clandestina, robo de ductos y comercialización ilegal de combustibles.
El Gobierno federal reiteró que continuará colaborando con agencias estadounidenses siempre que exista intercambio institucional de información y respeto a los procedimientos legales establecidos entre ambas naciones.
La controversia ocurre en un momento particularmente importante para la relación México-Estados Unidos, ya que ambos países también mantienen negociaciones comerciales relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de diversos acuerdos en materia de seguridad regional. Funcionarios mexicanos insistieron en que la cooperación seguirá siendo una prioridad, aunque subrayaron que las investigaciones deberán conducirse con transparencia, respaldo documental y apego al derecho internacional.
Publicar un comentario