Con una votación que dejó en evidencia la profunda fractura política que atraviesa el viejo continente, sumando 418 votos a favor y 218 en contra, la nueva y severa normativa legal otorga facultades sin precedentes a las autoridades de los países miembros al avalar formalmente la creación de centros de deportación extraterritoriales ubicados en naciones terceras que se encuentran totalmente fuera de las fronteras de la Unión Europea.
El endurecimiento de la política migratoria no se detiene ahí, ya que el reglamento aprobado extiende los periodos de detención para migrantes en situación irregular hasta por un lapso consecutivo de dos años, una medida punitiva dirigida especialmente a aquellos individuos que se nieguen a cooperar con las autoridades de control o que representen un potencial riesgo de fuga durante sus procesos de expulsión.
Mientras que las bancadas pertenecientes a los sectores de la derecha y la extrema derecha celebraron el resultado con aplausos y vítores en el pleno, calificándolo como un triunfo histórico y el inicio definitivo de una era de control fronterizo absoluto, el bloque de izquierda y representantes de múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos reaccionaron con gritos de protesta masiva en los pasillos de la asamblea.
Los detractores de la medida denunciaron que este acuerdo representa una flagrante violación a los tratados internacionales de asilo y advirtieron sobre una inminente y gravísima crisis humanitaria y de salud pública en las periferias de Europa, transformando la sesión legislativa en un polvorín político cuyas repercusiones diplomáticas apenas comienzan a sentirse a nivel global.
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