En una de las medidas regulatorias más agresivas de los últimos años para combatir el empleo informal y la inmigración irregular, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una estricta directriz que redefine las obligaciones de fiscalización del sector financiero global. La nueva orden ejecutiva desplaza la responsabilidad directa de la verificación migratoria desde las agencias de control fronterizo hacia los departamentos de cumplimiento normativo (compliance) de los bancos comerciales y corporativos que operan en territorio estadounidense.
Bajo el marco de esta normativa, las instituciones bancarias están obligadas a implementar sistemas de auditoría automatizados para revisar los flujos de capital, las cuentas de nómina corporativas y los registros fiscales de sus clientes empresariales con el fin de detectar inconsistencias operativas de forma preventiva.
La estrategia del Tesoro estadounidense apunta a estrangular los mecanismos financieros de las medianas y grandes empresas de sectores como la agricultura, la construcción y los servicios que recurren habitualmente a la contratación de mano de obra indocumentada.
Los bancos deberán identificar patrones de transferencias masivas de efectivo, discrepancias entre el número de empleados declarados ante la administración tributaria (IRS) y el volumen de dispersión de pagos reales, así como el uso de identidades de seguridad social duplicadas o falsas en los esquemas de pago digitales. Aquellas corporaciones financieras que omitan reportar estas irregularidades a través de los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) se enfrentarán a sanciones multimillonarias, retiro de licencias operativas y procesos penales por complicidad en fraude fiscal laboral.
El anuncio ha provocado una oleada de preocupación en el ecosistema bancario y empresarial de los Estados Unidos. Diversas asociaciones de banqueros han señalado que la medida delega en las entidades privadas funciones de investigación policial y de control migratorio que corresponden estrictamente al Estado, lo que incrementará sustancialmente los costos de operación y auditoría interna, retrasando la apertura de cuentas corporativas legítimas. Por su parte, cámaras de comercio advierten que la presión financiera sobre las nóminas provocará un desabasto de personal en sectores clave de la economía real, profundizando los problemas de la cadena de suministro.
La administración de Washington, sin embargo, defiende la directriz argumentando que el combate a la migración indocumentada debe atacar las estructuras de incentivos económicos que la promueven en el origen mismo de la riqueza privada.
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