La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una nueva polémica política tras la difusión de audios en los que, presuntamente, participa en una conversación con intermediarios que se presentan como vinculados al Federal Bureau of Investigation (FBI), con el objetivo de gestionar la restitución de su visa estadounidense, retirada desde el año pasado.
Las grabaciones fueron publicadas por el periodista Héctor de Mauleón, quien difundió fragmentos de una reunión en la que la mandataria estatal habría dialogado con supuestos “gestores externos” que ofrecían facilitar un encuentro en instalaciones diplomáticas en Tijuana, bajo condiciones de discreción. De acuerdo con el material difundido, en la conversación se menciona la posibilidad de que la gobernadora estuviera representada por un abogado identificado como Michael Nadler, exfiscal en Estados Unidos. En el audio, los intermediarios sugieren que el encuentro podría realizarse en el consulado estadounidense.
El caso ha reactivado la atención sobre la situación diplomática de la mandataria, luego de que en mayo del año pasado se confirmara la revocación de su visa estadounidense, convirtiéndose en la primera gobernadora mexicana en enfrentar una medida de ese tipo sin que se ofrecieran detalles públicos por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Desde entonces, han circulado versiones políticas y mediáticas sobre posibles investigaciones relacionadas con crimen organizado, aunque no existe confirmación oficial de acusaciones formales. En ese contexto, también se ha mencionado el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrentó señalamientos y una breve separación del cargo en medio de investigaciones no detalladas públicamente.
Asimismo, se recuerda que la visa del esposo de la gobernadora, Carlos Torres, también fue revocada, lo que derivó en su salida de funciones públicas en el gobierno estatal. En el plano político, la situación ha generado reacciones dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece la mandataria, mientras la oposición ha solicitado mayor claridad sobre los hechos difundidos.
En respuesta a la filtración, la propia gobernadora reconoció la autenticidad de los audios, aunque rechazó que se trate de una negociación irregular. “Lo que se escucha en el audio es a una servidora completamente tranquila porque el que nada debe, nada teme”, declaró en entrevista con Semanario Zeta. Ávila Olmeda sostuvo además que mantuvo contacto con un tercero que se ofreció como intermediario para ayudarle a recuperar su visa, aunque aseguró que dicho proceso no avanzó y que no se concretó ningún encuentro.
También afirmó que el abogado mencionado en las grabaciones ya no forma parte de su equipo legal.
Aquí el audio: pic.twitter.com/96md4Q49jH
— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 23, 2026
El caso se suma a otras controversias recientes en la relación entre autoridades estatales mexicanas y agencias estadounidenses, como el de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien ha sido señalada en investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en operativos de seguridad. Hasta el momento, ni autoridades estadounidenses ni el FBI han emitido una postura oficial sobre la existencia de intermediarios o la autenticidad del contenido completo de las grabaciones.
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