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EDUARDO RAMOS ES UN EMPRESARIO HONRADO Y EXITOSO QUE DEMOSTRÓ SU INOCENCIA ANTE LOS TRIBUNALES.
Ciudad de México
Tras tres años de litigio y casi doce meses en prisión, el empresario poblano Carlos Eduardo Ramos, fundador del consorcio restaurantero Grupo Entre Fuegos, obtuvo una sentencia definitiva que lo absuelve de todos los cargos en su contra
. El fallo judicial no solo limpia su nombre, sino que exhibe un presunto tráfico de influencias que permitió utilizar el sistema penal y acusaciones de delincuencia organizada para cobrar un crédito afectado por la pandemia de Covid-19.
El juez de la causa determinó que nunca existió dolo por parte del empresario al retrasarse en los pagos de un financiamiento, desestimando los delitos de fraude y abuso de confianza.
Asimismo, la autoridad judicial frenó la pretensión de la financiera demandante, que exigía el cobro de más de 100 millones de pesos en intereses injustificados.
De la parálisis por Covid-19 a la persecución penal
Los problemas para el creador de marcas emblemáticas como La Textilera y La 3ª Ronda —con presencia en Puebla, CDMX, Monterrey, Guadalajara y Cancún— comenzaron tras la crisis sanitaria de 2020.
En 2019, Ramos contrató un crédito con la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Baransi, destinado a la renovación de cocinas de 12 de sus establecimientos y la conclusión de un edificio frente a la Estrella de Puebla.
Sin embargo, el cierre oficial de negocios por la emergencia sanitaria y las posteriores restricciones de aforo al 33% desplomaron los ingresos del grupo, que en ese momento sostenía a 1,400 trabajadores.
A finales de 2021, el empresario intentó reestructurar el adeudo. A pesar de que se mantuvieron abonos constantes a la financiera, estos resultaron menores a las cantidades programadas debido a la crisis económica.
Lo que debió resolverse como un litigio civil o mercantil en tribunales, dio un giro radical por la vía penal.
Detención ilegal y "falsas narrativas" de crimen organizado
El 28 de febrero de 2023, Carlos Eduardo Ramos fue detenido por agentes ministeriales al salir de uno de sus establecimientos, ignorando un amparo vigente que impedía su captura.
A la par de su reclusión en prisión preventiva, se difundieron de manera masiva versiones en medios de comunicación de Puebla y Quintana Roo que lo vinculaban falsamente con la delincuencia organizada y delitos de alto impacto, acusaciones de las cuales la parte acusadora nunca presentó una sola prueba o alegato en los tribunales.
Durante casi un año en prisión, el proceso penal permaneció congelado, sin avances en el periodo de pruebas ni dictado de sentencia, configurando lo que la defensa calificó como un abuso del aparato judicial.
Un fallo que evidencia fallas en el sistema de justicia
Tras conseguir una medida cautelar para continuar su proceso en libertad, hace unos días se dictó la sentencia absolutoria definitiva.
El juzgador ratificó que el impago parcial fue consecuencia directa de la parálisis económica global por la pandemia y no de una conducta delictiva.
A pesar de haber ganado la batalla legal y demostrar su inocencia, el costo para el empresario poblano ha sido devastador: el quiebre de sus unidades de negocio, la pérdida de capital y graves afectaciones familiares derivados de una estrategia legal que utilizó la prisión como mecanismo de presión financiera.
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