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Cambios constitucionales en lo judicial y en lo electoral fueron aprobados por los órganos
legislativos federal y estatales en la semana que concluye.
Muchos, muchas pensamos erróneamente que realmente serían enmendados los
múltiples errores de la elección judicial anterior y que la iniciativa de reforma anunciada,
presentada y ya aprobada en materia judicial serviría no sólo para posponer la elección
del Poder Judicial federal por un año más.
Esa problemática provocada por esos errores no sólo no fue resuelta, se profundizó: no se
corrigieron problemas operativos, tiene párrafos contradictorios, enormes disparidades y
el problema de fondo permanece; la elección del 2028 coincidirá con la Revocación de
Mandato y las elecciones posteriores al 2028 (2030, 2033, 2036 y subsecuentes)
coincidirán nuevamente con las elecciones de los partidos políticos.
Peor aún: ahora habrá
una misma casilla para votar por cargos políticos y por cargos judiciales.
Esta propuesta de cambio de fecha se encamina nuevamente hacia una mayor
incertidumbre jurídica, más aún cuando se ha documentado el número de renuncias de
personas que participaron y “ganaron” en la elección judicial anterior que han ido dejando
el cargo.
Como vemos esta aprobación no resuelve las enormes deficiencias que se presentaron, al
contrario, las acentúa.
¿Qué pensarían ahora los diputados constituyentes que en aquella
época rechazaron el voto popular como fórmula para designar a los juzgadores,
justamente para evitar que el Poder Judicial se viciara con la política?
De las otras reformas presentadas y aprobadas, una, amplía como causal de anulación de
elecciones federales y estatales la intervención extranjera; y una más no anunciada y de
último momento presentada, pero ya también aprobada, que incluye la reelección de la y
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para
permanecer en sus cargos hasta por 17 años.
¡Qué lamentable la una y las otras!
Las reformas electorales desde mi punto de vista están muy relacionadas, primero,
porque si bien ciertamente nadie duda que México antes y ahora, ha necesitado proteger
su soberanía; esta propuesta surge justamente en medio del conflicto con EU por la
presunta injerencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Esta probable
injerencia ahora la trasladan a una nueva redacción en el artículo 41, estableciendo que
una elección podrá anularse “cuando se acrediten actos de intervención o injerencia
extranjera que influya en los resultados electorales” argumentando que se “busca
proteger la soberanía” sin embargo resulta que sólo fue aprobada la reforma
constitucional, sin haber realizado lo que corresponde al procedimiento en la Ley
Reglamentaria donde se precisara cuáles serán esos actos que presumiblemente influyan
en los resultados electorales, lo que determina que en adelante se podrá pedir la
anulación de una elección federal o estatales -especialmente cuando la hayan perdido-
por esta causal; y como no hay ley reglamentaria que determine como se acreditaría la
intervención extranjera, se deja al arbitrio del TEPJF la decisión de interpretar este
enunciado constitucional, recordando que fueron estos, la Magistrada y Magistrados del
TEPJF afines al oficialismo y al partido Morena, quienes resolvieron en 2024 la
sobrerrepresentación legislativa a favor de Morena y sus aliados y casualmente en esta
segunda reforma aprobada se les da “luz verde” para reelegirse ¡hasta por 17 años¡ por
supuesto un muy buen pago para continuar resolviendo como se los pida el oficialismo.
Conclusión, estas reformas solo son una estrategia que usará a la soberanía nacional como
represión política en contra de competidores electorales, ¿por qué no se incorporó como
causal de anulación de una elección, la injerencia de la delincuencia organizada en las
campañas políticas y en las elecciones? esto también sería proteger la soberanía del país.
Bien se ha escrito, “la soberanía no puede ser selectiva. (…) La verdadera defensa del
Estado mexicano exige reglas claras y no persecuciones políticas disfrazadas de
patriotismo.” (Zavaleta, Ruth, 2026)
Tampoco podemos decir que hay sorpresa en estos actos del gobierno, hemos observado
cómo ejercen el poder en los últimos años. Me pregunto ¿Realmente están construyendo
desde “la izquierda” proyectos populares impulsados para favorecer derechos,
democracia, soberanía? Entonces ¿Por qué esta construcción de proyectos de “izquierda”
han pasado por la destrucción, desmantelamiento y desaparición de instituciones que
protegían nuestros derechos sociales, de salud, de educación, entre muchos otros, que
beneficiaban a las clases populares?
¿Por qué desde el gobierno se impulsa, el desgaste y
el deterioro institucional de nuestro sistema político, jurídico y legislativo?
Basados en nuestra responsabilidad ciudadana, ¿los mexicanos y mexicanas
reaccionaremos ante todos estos cambios constitucionales de los últimos ocho años?
Porque hasta el Dip de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar ha reaccionado, reiterando una
vez más -en esta ocasión- pero también levantando la voz en otros momentos para
reconocer esto como ¡Una vergüenza Nacional!
O lo haremos hasta que vivamos en carne propia el riesgo que representa perder nuestras
libertades políticas, de manera que cuando queramos decidir libremente, nos demos
cuenta, que ya no podemos hacerlo.
rgolmedo51@gmail.com
@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com
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