La reciente orden ejecutiva emitida en Estados Unidos marca un endurecimiento sin precedentes en la política económica y migratoria de la administración de Donald Trump. Este decreto presidencial ordena a todas las instituciones bancarias y financieras reguladas a nivel federal restringir o prohibir la apertura y el mantenimiento de cuentas a personas en situación migratoria irregular.
La medida obliga a los bancos a aplicar controles de identidad mucho más estrictos, exigiendo pruebas fehacientes de residencia legal o ciudadanía para cualquier trámite común. Según la Casa Blanca, el objetivo principal es desincentivar la migración no regulada y ejercer un control más severo sobre el flujo de dinero que circula dentro del país.
Sin embargo, las repercusiones globales de esta decisión ya generan una profunda preocupación, especialmente en México y el resto de América Latina, debido al posible impacto en el flujo de remesas.
Los analistas económicos advierten que, lejos de frenar las transacciones financieras de esta población, la exclusión del sistema bancario formal podría encarecer el envío de dinero a las familias y empujar a millones de usuarios hacia el mercado informal, intermediarios de alto costo o el uso de criptomonedas. Mientras los gobiernos de la región evalúan las consecuencias para sus economías, diversas organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos ya preparan batallas legales en las cortes federales bajo el argumento de que la medida fomenta la discriminación y debilita la propia estabilidad financiera interna.
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