La visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a México se da en medio de una creciente tensión entre el Gobierno federal y un comité de la ONU, tras la publicación de un informe sobre desapariciones forzadas que desató controversia en semanas recientes.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al funcionario internacional en un contexto marcado por el debate sobre la magnitud y el tratamiento de este fenómeno en el país
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A inicios de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada advirtió que en México este delito podría constituir un crimen de lesa humanidad, al considerar que existen elementos de carácter sistemático. Además, solicitó que el tema fuera abordado de manera excepcional en la Asamblea General del organismo internacional.
La respuesta del Gobierno mexicano fue inmediata. A través de un comunicado, rechazó el informe al calificarlo como “tendencioso” y carente de rigor jurídico. La administración federal sostuvo que el documento no toma en cuenta información actualizada ni los avances institucionales en la materia, particularmente los realizados en los últimos años.
Asimismo, explicó que el mecanismo solicitado por el Comité está diseñado para contextos donde las desapariciones son generalizadas y cometidas por agentes del Estado sin disposición a investigar, escenario que, según la postura oficial, no corresponde a la realidad mexicana.
La presidenta Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que, a diferencia de administraciones pasadas, el Gobierno federal no es responsable directo de las desapariciones, aunque sí tiene la obligación de buscar a las víctimas y garantizar justicia.
No obstante, colectivos de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado esta postura y criticado la falta de apertura para recibir mayor acompañamiento internacional ante lo que consideran una crisis humanitaria.
De acuerdo con cifras oficiales, en México se contabilizan más de 132 mil personas desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, recientemente el Gobierno anunció un cambio en la metodología de registro, lo que redujo el número a 43 mil 128 casos, una decisión que también ha generado debate entre especialistas y activistas.
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