El Salvador ha dado un paso sin precedentes en su estrategia de seguridad interna. El presidente Nayib Bukele ha sancionado una reforma legal que permite la aplicación de cadena perpetua para menores de edad, específicamente a partir de los 12 años, cuando se compruebe su vinculación con estructuras de pandillas.
Esta medida marca un punto de ruptura con los tratados internacionales de justicia juvenil que priorizan la reinserción sobre el castigo punitivo permanente.
Mientras el oficialismo defiende la reforma argumentando que los grupos criminales utilizan a niños para ejecutar crímenes atroces bajo la premisa de la impunidad, organismos de derechos humanos advierten que la medida vulnera principios básicos del derecho internacional y podría derivar en detenciones arbitrarias sin las debidas garantías procesales.
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