José Roberto Fuentes López.
El rumbo de la economía asociado a la política social debe asumirse como una
respuesta del Estado y de los diversos actores, para hacer frente a las demandas
ciudadanas, o en su caso enfocar la atención a fenómenos sociales específicos.
En este sentido, lo más difícil en un estado de derecho, es el establecimiento de
una relación madura y sensata entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; ahí
estriba la clave para hacer reformas que consoliden o en su caso modernicen el
marco jurídico.
Sin embargo, violencia, narcotráfico e inseguridad, aunada al problema de
pobreza y desempleo, entre otros aspectos, han sido y siguen siendo los factores
que han deteriorado el nivel de vida de un importante número de habitantes.
Esta problemática, requiere proyectos que den certeza jurídica, para impulsar el
desarrollo con equidad y justicia, al tiempo que determinen puntualmente
obligaciones y beneficios que abarque a todo el conglomerado social, pues reitero,
violencia, inseguridad y desempleo, aunada a la irresponsabilidad y la corrupción,
han deteriorado el desarrollo y la armonía de la sociedad.
Se deben instrumentar medidas adicionales que estimulen la actividad productiva,
e impulsen el desarrollo económico en todas las regiones del territorio nacional.
“Las crisis económicas en México han tenido lugar en un contexto de rápida
modernización de estructuras e instituciones, que han acentuado aquellas
inclinaciones a la dislocación económica y social.
Los costos humanos de estas
crisis, el cambio en la estructura de la población heredada de la explosión
demográfica de los años setenta, los rezagos sociales acumulados, y las zonas
centrífugas asociadas a la globalización, han convertido a la sociedad mexicana,
como lo ha señalado Clara Jusidman, en una sociedad tan plural, tan desigual, tan
heterogénea y sumamente compleja que ha experimentado un proceso creciente
de segmentación social en donde sus componentes no se comunican, no
comparten proyectos y varios se sientes excluidos”.
José Roberto Fuentes López
Estos factores contribuyen a la pérdida de la cohesión social, pero al mismo
tiempo han impulsado una conciencia colectiva sobre la necesidad de revertirla.
Pues la sociedad civil, académicos y organismos internacionales, advierten sobre
el peligro de esas tendencias.
Y en su actuar buscan obtener las condiciones que aseguren la satisfacción de los
bienes y servicios sociales vinculados a valores universales, tales como equidad,
igualdad de oportunidades, tolerancia y el reconocimiento; sin embargo, el
acelerado proceso de desarrollo económico ha provocado el deterioro social y la
desintegración familiar.
Claro es que, para muchos, el nivel de vida ha mejorado, pero ese nivel no está
representado en calidad de vida.
Por ejemplo, la juventud a pesar de tener un
mayor grado de escolaridad no mejora su nivel cultural. Prueba de ello, es que
actualmente casi por todo protestamos, pero no colaboramos o no nos
comprometemos.
Lo cual ha llevado a que los proyectos, no responden a ideales, sino a situaciones
de índole personal y en los últimos tiempos atienden el carácter ideológico,
generando, división, enfrentamiento, orientando a la sociedad al consumo, debido
a que existe un carácter demasiado individualista que nuestro ambiente promueve.
Y, debido a la tendencia decreciente del PIB, es posible que se refleje una ligera
disminución al concluir el 2025, los datos no resultan halagadores, debido al
magro crecimiento de la actividad económica en los últimos años. Los efectos
negativos derivados del menor crecimiento acrecentaran la presión social.
Lamentablemente, criticamos sin establecer propuestas para modificar o corregir
nuestra actual condición económica y social, razón por la cual debemos propiciar
la convivencia, solidarizarnos con la protección de nuestro entorno y en general
del medio ambiente, para sustentar y mejorar nuestra calidad de vida.
Sus comentarios. jrobertofl2021@outlook.com
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