Uruapan, Michoacán El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado la noche de este sábado durante un ataque armado ocurrido en pleno Festival de Velas, una de las celebraciones más concurridas del Día de Muertos en Michoacán.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el alcalde fue agredido a balazos alrededor de las 20:00 horas mientras recorría el centro histórico de la ciudad. Manzo había terminado de tomarse fotografías con un grupo de niños y comerciantes cuando hombres armados abrieron fuego a corta distancia.
Paramédicos y elementos de la Guardia Civil lo trasladaron a un hospital local, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.
“Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida”, informó el Gabinete de Seguridad a través de la red social X.
Denuncias y amenazas
Carlos Manzo, de 44 años, había sido electo como candidato independiente en las elecciones de 2024, convirtiéndose en una de las figuras políticas más visibles del estado por su discurso frontal contra el crimen organizado
.
Durante su administración denunció públicamente la presencia de grupos armados con armas de uso exclusivo del Ejército y señaló la falta de respaldo por parte del gobierno federal.
En septiembre pasado, tras una serie de ataques a policías municipales, declaró a Uruapan en “Código Rojo” y canceló los festejos patrios por motivos de seguridad. “No puedo exponer más vidas”, dijo entonces en un mensaje difundido en redes sociales, en el que pidió apoyo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para recuperar la tranquilidad en la región.
“Uruapan está de pie, pero estamos solos. Necesitamos ayuda para proteger a nuestra gente”, afirmó en una entrevista semanas antes de su muerte.
Una ciudad sitiada por la violencia
Uruapan, el segundo municipio más poblado de Michoacán, vive desde hace años una crisis de seguridad derivada de la disputa entre organizaciones criminales por el control de rutas de narcotráfico y extorsión a productores de aguacate.
En los últimos meses se habían registrado ataques a patrullas municipales, bloqueos carreteros y amenazas a funcionarios. La propia Secretaría de Seguridad Pública estatal reconoció que el municipio era uno de los más peligrosos del estado.
Fuentes locales señalan que el edil había reforzado su esquema de seguridad personal, aunque el ataque de este sábado lo sorprendió en un evento multitudinario donde la presencia de escoltas era limitada.
Reacciones y condenas
El asesinato generó una ola de condenas en todo el país. La gobernadora de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó el hecho y aseguró que se trabaja en coordinación con la federación para esclarecerlo.
“Condenamos enérgicamente este cobarde atentado contra el presidente municipal de Uruapan. No habrá impunidad”, declaró en un mensaje oficial.
La Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Alcaldes también expresaron su indignación y llamaron a reforzar la protección de autoridades locales, señalando que en 2025 ya suman más de 15 presidentes municipales asesinados en el país.
Duelo en Uruapan
En el Palacio Municipal, ciudadanos comenzaron a colocar veladoras y flores frente al retrato del alcalde
. El cabildo declaró tres días de luto oficial y suspendió las actividades del festival, que congregaba a miles de visitantes.
“Carlos Manzo dio su vida sirviendo a su gente. Fue un hombre valiente que no se doblegó ante la violencia”, expresó uno de sus colaboradores cercanos.
Los restos del edil serán velados este domingo en el auditorio municipal. Mientras tanto, fuerzas federales y estatales mantienen un operativo en la zona para evitar nuevos incidentes.
Contexto político
La muerte de Manzo ocurre en un momento crítico para Michoacán, donde el nuevo gobierno federal ha prometido una revisión de la estrategia de seguridad municipal. Analistas advierten que el asesinato podría acelerar la intervención de fuerzas federales en el estado y reabrir el debate sobre la protección de los alcaldes en regiones controladas por el crimen organizado.
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