Buenas noticias hemos conocido en los últimos días. 13.4 millones de personas salieron de
la pobreza en México esta es una muy buena noticia; como también lo es la decisión
histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de reconocer por
primera vez en el derecho internacional que cuidar, ser cuidado y autocuidarse son
derechos humanos fundamentales.
La semana anterior el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del gobierno
federal dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza en México 2018-2024
entre los que se encuentra la reducción de personas pobres en México, sin dejar por
supuesto de reconocerse la relación que estos resultados tienen con el aumento del
salario mínimo y con la entrega de apoyos económicos desde los diversos programas
sociales en ese orden.
El pasado siete de agosto conocimos también de la adopción que hace la Corte IDH
respecto de la Opinión Consultiva OC-31/25 sobre “El contenido y el alcance del derecho al
cuidado y su interrelación con otros derechos.” Avance jurídico que reconoce lo que
millones de personas sabemos -especialmente nosotras las mujeres- que la tarea del
cuidado ha sido la base que ha sostenido a la sociedad.
La Corte IDH reconoce y hace énfasis en tres dimensiones interconectadas de este
derecho: el derecho a ser cuidado que garantiza atención digna para personas en
situación de dependencia; el derecho a cuidar que protege a quienes realizan estas
labores, sean remuneradas o no, asegurando condiciones justas y reconocimiento; y el
derecho al autocuidado que preserva la posibilidad de atender el bienestar propio.
Esta buena noticia marca un antes y un después en la historia de los derechos humanos de
América Latina.
Por ello estas dos buenas noticias requieren de implementar con celeridad desde el
gobierno acciones urgentes, -así de rápido, tanto como se han venido dando en esta
tercera alternancia del poder presidencial en México, el cambio de régimen, del sistema
de gobierno, del régimen político, la desaparición de instituciones autónomas de gran
importancia en el país, del Sistema Judicial y seguramente siguiendo estos mismos
procedimientos que ya conocemos próximamente con seguridad el nuevo sistema de
modelo electoral en México- para incidir en esos números que dio a conocer el INEGI en
sus resultados de medición de la pobreza:
Hay que sacar de la pobreza moderada a esas
31.5 millones de personas; de la pobreza extrema a 7 millones que aún la viven; pero
también a esas 41.9 millones de personas que tienen carencias sociales; esas 80.4
millones de personas que tienen al menos una carencia social y a esas 27.0 millones de
personas que viven con al menos tres carencias sociales.
Porque urge atender el rezago educativo que ha ido aumentado de 22.3 millones en 2016
a 24.2 millones en 2024; y el terrible dato de carencia de acceso a servicios de salud que
tenemos las mexicanas y mexicanos que en 2016 era de 18.8 millones de personas y que
hoy padecen 44.5 millones; o esos 42.67 millones que tienen carencia de acceso a la
seguridad social; o los 10.3, 18.4, 18.8 millones que carecen de calidad y espacios de
vivienda, de servicios básicos en la vivienda y de alimentación nutritiva y de calidad
respectivamente; para que esas 12.1 millones de personas que todavía tienen ingresos
inferiores a la línea de pobreza extrema; y esos 46.0 millones de la población que vive con
ingresos inferiores a la línea de pobreza, puedan alcanzar un bienestar económico
.
Aunado a lo anterior y derivado de que, en todos los datos mencionados, el mayor
número de personas que los padecen son justamente las mujeres, tan solo si
desagregamos los datos de las 5.3 millones de personas hablantes de una lengua
originaria que mantienen el mismo nivel desde el 2016 viviendo en condición de pobreza
multidimensional, nos podemos dar cuenta, 67.4% son mujeres; urge entonces
implementar acciones de manera que el proceso para lograr erradicar desigualdades se
acorte.
En esta misma ruta de urgencia, se inscribe también la sentencia de la Corte IDH,
considerando que el Cuidado debe ser visto como una responsabilidad compartida, que
implica como han venido sosteniendo las expertas, que el Estado asuma un papel activo
en su facilitación, pero también fomente que la ciudadanía participe en nuevas formas de
organizarnos para la distribución equitativa de las tareas de cuidado en el ámbito
comunitario y familiar, al tiempo que las empresas y fuentes de empleo adopten políticas
para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, más aún cuando también en
este rubro hablamos de que el 75% de personas cuidadoras en México son mujeres según
la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC, 2022), que señala que para
atender los cuidados de la primera infancia 96.0% son mujeres, en su mayoría madres
(86.3%) y abuelas (7.6%) iniciar la implementación del Sistema de Cuidados, a nivel
nacional y en todas las entidades federativas es urgente, pero que no sólo se quede en la
normativa, sino que avance a las políticas públicas nacionales permitirá hacer realidad
este derecho humano
.
Sin olvidar mencionar que son las mujeres de bajos recursos las más afectadas por la tarea
de cuidados, es necesario señalar que el dictamen de la Corte IDH es de carácter
obligatorio para los países de la región, que deberán alinear las políticas de gobierno a su
contenido, alinear también la legislación y adoptar todas las medidas necesarias para que
la sociedad y el Estado garanticen el derecho al cuidado impulsando políticas que logren
su cumplimiento.
Buenas noticias hemos conocido en los últimos días todas, requieren de acciones urgentes
para atender los todavía grandes faltantes que nos han aportado las mediciones y así
evitar simulaciones y narrativas engañosas.
Notas:
Programa Medición de la Pobreza en México 2018-2024. INEGI. 12/08/2025
Opinión Consultiva OC-31/25 sobre “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su
interrelación con otros derechos.” Comisión IDH. 12/0/2025.
rgolmedo51@gmail.com
@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com
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