La administración de Tonantzin Fernández Díaz en San Pedro Cholula ha sido marcada por la opacidad, la falta de transparencia y el creciente descontento social. Uno de los aspectos más preocupantes es la omisión deliberada en la publicación de contratos por bienes y servicios celebrados con proveedores, una práctica que contraviene los principios básicos de rendición de cuentas y que abre la puerta a posibles actos de corrupción. Además, el gobierno municipal ha eliminado la publicación detallada de sueldos y salarios de los empleados de confianza de primero a tercer nivel jerárquico.
Actualmente, solo se encuentra disponible el salario de la directora del Sistema Operador de Limpia, quien percibe más de 60 mil pesos mensuales, sin que exista información alguna sobre los ingresos de directores, secretarios, coordinadores, regidores ni de la propia presidenta municipal.
Esta omisión no solo viola los lineamientos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que refleja un patrón de opacidad institucional que dificulta el escrutinio ciudadano y socava la confianza en el gobierno local.
El descontento no es menor. Una consulta de opinión pública recientemente difundida revela que una parte significativa de la población reprueba la gestión de Tonantzin Fernández, una respuesta lógica ante la falta de claridad en el uso de recursos públicos y el aparente desdén hacia la transparencia administrativa.
En un contexto en el que se exige a los gobiernos abrirse al escrutinio ciudadano y garantizar la legalidad del ejercicio público, el caso de San Pedro Cholula se vuelve emblemático de cómo la opacidad puede convertirse en la norma, y no en la excepción, cuando el poder se ejerce sin contrapesos ni voluntad política para rendir cuentas. Con denuncia pública de: Julián Romero / Activista Social
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