Sin duda a muchas, muchos, preocupa observar que día a día queda muy comprometido el
gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como tenían previsto, en cascada, el Congreso de la Unión ha ido aprobando las iniciativas
que reforman la Constitución de México presentadas por el todavía presidente el pasado
mes de febrero.
Aún con la falta de claridad en los criterios para seleccionar a las personas que serán
electos como jueces, Magistrados y Ministros; como también los que resultan del
financiamiento de sus campañas; o las severas dudas que hay sobre el alto costo de esta
elección -se ha mencionado que sería alrededor de 44 mil millones de pesos- y sabiendo
de antemano que se compromete la imparcialidad jurídica, fue aprobada la reforma al
Poder Judicial que además en las “letras chiquitas” lleva un Transitorio que señala “para
la interpretación y aplicación de este Decreto los órganos del Estado y toda autoridad
judicial deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o
extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos
o su vigencia ya sea de manera total o parcial” lo transcribo textual porque transgrede
justo una función que es por excelencia del Poder Judicial: la interpretación de los textos
constitucionales; ignorando normativa de Tratados Internacionales que protegen y
garantizan derechos humanos violentando Principios de Progresividad y Pro-Persona;
incluso expertos y expertas hablan de que en muchos puntos tendría que ser inaplicable.
La mayoría oficialista ha aprobado también la “militarización de la seguridad pública”
modificaciones que sustituyen el mando civil y lo subordinan a la Secretaría de la Defensa
Nacional,
pero si esto no fuera suficiente también en letras pequeñas le dan facultades
para investigar delitos, como lo hacen los Ministerios públicos.
Modelos disruptivos que sin duda tendrán impactos en su aplicación, muchos de los
cuales no serán necesariamente positivos para la ciudadanía porque representan
retrocesos a conquistas alcanzadas y a derechos adquiridos, que obligadamente la
próxima presidenta tendrá que implementar a su llegada.
Incluso la reforma constitucional también avalada en materia de pueblos indígenas y
afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, -que si bien no incluyó todos los puntos de la consulta indígena- compromete al
próximo gobierno desde el tema de asignación y ejercicio directo de presupuestos por
comunidades bajo los criterios “compensatorios, equitativos, justos y proporcionales”
hasta crear mecanismos especializados de diálogo para obtener el consentimiento
obligatorio de las comunidades antes de cualquier decisión o implementación de
proyectos que se realicen en las mismas.
Como vemos, todas hasta ahora y las restantes reformas que en cascada seguramente
irán aprobando la mayoría oficialista, son la herencia del actual gobierno a punto de
concluir que tendrá que asumir la presidenta Sheinbaum y que aun con lo comprometido
que le están dejando su gobierno, advierte necesariamente acciones urgentes,
empezando por restablecer puentes de diálogo, como vemos ya no sólo para recomponer
a un país con divisiones sociales y políticas profundas y con una inseguridad desbordada
como documentan diariamente los medios de comunicación.
Desde el inicio del período de gobierno de la presidenta Sheinbaum podremos observar
algunos indicios de los cómo enfrentará tantos desafíos.
En principio observando cómo se van formulando las normas reglamentarias y/o las leyes
secundarias de todas estas reformas constitucionales.
¡Qué enorme responsabilidad!
rgolmedo51@gmail.com
@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com
Publicar un comentario