Por.Josè Roberto Fuentes Lòpez.
Al tiempo que deben fortalecerse las facultades del Estado Mexicano, en materia de competencia económica, su modernización obliga a beneficiar a la sociedad, razón de más, para delinear políticas públicas que disminuyan la inequidad y atiendan las dificultades que enfrentamos para reactivar el desarrollo económico y; generar empleos productivos bien remunerados.
Y considerando el desarrollo regional equilibrado y sustentable, se podrá dotar a la población de los servicios básicos de calidad, enfrentando la disyuntiva de hacer más con menos, pues los montos de inversión pública rebasan los recursos que reciben y en su mayoría, las fuentes de ingreso local resultan ser insuficientes.
La política económica no ha podido reorientar el crecimiento, situación que ha propiciado, el auge de la criminalidad, de manera significativa en gran parte del territorio nacional, el desempleo, el incremento en la pobreza y la falta de oportunidades para millones de mexicanos en el campo y la ciudad, es un problema lacerante que debe atenderse de manera urgente, sin descuidar el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos.
A través del tiempo la sociedad ha adoptado importantes cambios, de cara a la realidad.
Pero, si no adecuamos nuestras instituciones, se corre el riesgo de caer en la ingobernabilidad y en la anarquía; el nuevo orden gubernamental, debe orientar su quehacer político, ideológico y filosófico, es decir, interpretar fielmente cuál es su misión y, mediante su actuar permanente, conformar su entorno con un carácter ético, que aglutine y atienda las justas demandas sociales.
El verdadero sentido democrático debe construirse con un compromiso incondicional, atendiendo sin distingos a toda la sociedad mexicana sin manipuleos y sin lucrar con las carencias y la falta de oportunidades; transición y alternancia, a la fecha, no han mejorado las condiciones y elevado el nivel de vida.
A pesar que, la reforma al Estado mexicano se ha venido estructurando durante décadas, cada administración en turno le ha puesto su propio matiz y aun así, se deben mejorar y adecuar los procesos en la relación Estado-Sociedad.
Pues la injusticia, la desigualdad social y el desequilibrio económico que existe en México y en países de América Latina, incrementa el problema de migración, en búsqueda de mejores oportunidades, principalmente a la Unión Americana.
Luego entonces es momento de cambiar hábitos negativos por hábitos productivos. De nada sirve criticar si no estamos dispuestos a hacer nada, evitemos el desgaste y el enfrentamiento, empezando por el ejecutivo federal y centrarse en promover cambios que generen y aporten valor a nuestra vida diaria.
De ahí la importancia de instrumentar nuevas formas de participación y representación de la sociedad civil y las organizaciones; no alejarlas o destruirlas para que, con su interlocución política y social, participen activamente en la toma de decisiones del gobierno y, fortalezcan la gobernabilidad.
Los actuales acontecimientos obligan a replantearnos: ¿Cuánto más debemos soportar el crimen organizado?, ¿cuáles serán sus efectos nocivos? ¿cuánto durará?
El crimen organizado no surgió de la espontaneidad, se consolida y crece por la complacencia del gobierno. Situación que ha debilitado al Estado mexicano, con instituciones judiciales colapsadas o casi colapsadas.
El capital con el que debe contar un gobierno frente a sus gobernados se llama “confianza”; su pérdida mina la base social y ante la falta de credibilidad en México, como vamos a reconstruir al Estado, pues este deterioro, derivará en que cualquier acontecimiento público sea objeto de burla.
La crisis de inseguridad, corrupción, violación a las garantías individuales, da síntomas de que México está transitando hacia un Estado debilitado, con una sociedad enfrentada, dividida entre la pobreza, desesperanza y con un modelo social – educativo que lesiona la inteligencia de la mayoría de la población. Sus comentarios jrobertofl2021@outlook.com
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