Por.José Roberto Fuentes López .
Es lamentable el retroceso y la forma cómo en la actual administración se ha lastimado a las instituciones en nuestro país. De manera por demás frustrante es que, ante el recrudecimiento de los problemas, se despilfarren esfuerzos, dinero y tiempo de algunos funcionarios, ante la sucesión presidencial.
Esta falta de sensibilidad, visión y de interés ha hecho que las condiciones de gobernabilidad y estabilidad social día a día se deterioren y se resquebrajen. Por ejemplo, el 3 de octubre del 2022, la secretaria del trabajo y previsión social, Luisa Ma Alcalde destaco “hoy, tres de octubre, culmina la transición al Nuevo Modelo de Justicia Laboral en todo el territorio nacional”.
Señalando que con esa fecha las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Federal como las Locales, cierran sus puertas a nuevos juicios, conservando la gran responsabilidad de concluir con el rezago de miles de asuntos en trámite, y en su lugar abren sus puertas los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales”. Ahí señalo que,
“Es un cambio integral, de dimensiones impresionantes, que busca transformar el mundo del trabajo en beneficio de trabajadores del sector productivo, y de la sociedad en general.
Se pretende impulsar la conciliación como pieza clave del modelo, recuperar la dignidad del trabajo como patrimonio común, impulsar el diálogo social, contar con una justicia cercana a las personas trabajadoras y a los empleadores, cumplir con los compromisos internacionales, evitar la discriminación, incluir la agenda de género y recuperar la negociación colectiva auténtica que concilie los justos reclamos de los hombres y mujeres que trabajan con las necesidades de quienes invierten en las fuentes laborales”.
En el discurso esta reforma es bastante aceptable y hasta congruente con los nuevos tiempos, sin embargo y, en los hechos la situación es preocupante, debido a lo tardado del análisis y las sentencias que hasta la fecha siguen sin resolverse, en cierta medida por la falta de recursos financieros y del personal, que debió contemplarse en una reforma de gran calado.
Situación no contemplada, porque el Ejecutivo Federal, solo exige obediencia y lealtad absoluta y, desde ese poder, esta situación perturba y trastoca la ética de las instituciones públicas, privadas y sociales; las cuales por el contrario deben ser garantes del cumplimiento de la ley y de la protección ciudadana.
Este tema lo abordo, por una charla que sostuve con un prestigiado abogado laborista en Puebla, externándome que en efecto esta reforma representa un gran avance; sin embargo, dada la falta de profesionalismo y credibilidad en la mayoría de las instituciones públicas, las instituciones privadas recurren a una serie de trampas, para evadir y prolongar las sentencias.
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Me señaló el ejemplo de una ex trabajadora de la Universidad de las Américas Puebla, (Ma. Isabel Zepeda), la cual mediante artimañas fue despedida en el año 2011, su litigio lleva 12 años; sin embargo, hace aproximadamente 2 años la Junta emitió en su favor el laudo señalando el incidente de liquidación, el cual fue confirmado por el Colegiado (quien es la máxima autoridad en materia laboral). Pero a la fecha la UDLAP, ha prolongado esta resolución, mediante la promoción de recursos que ha decir del especialista laboral son verdaderamente absurdos; solo con el único afán de retrasar el procedimiento a pesar de que dicho tema ha causado estado. Es decir que la resolución es inamovible por el lado que se vea.
Es por tal razón que desde cualquier trinchera donde actuemos, debemos señalar y enfatizar las injusticias, para que se respeten los términos y medios legales ante las resoluciones jurídicas. Las instituciones públicas y privadas deben mostrar una imagen saludable de México, ante la atmósfera sombría que tiene a la sociedad bajo una gran fragilidad y, un ánimo convulso; hoy se percibe una sensación síquica, que no debe ser admisible. La sociedad vive con miedo, no lo merecemos ni debemos seguir así. Sus comentarios jrobertofl2021@outlook.com
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