Al minuto

Norma Layón rentó computadoras por más de 1 millón 390 mil pesos por 19 meses

 


Por Rodolfo Herrera Charolet.

Como parte de las presuntas irregularidades encontradas en la investigación periodística realizada por el ex diputado Rodolfo Herrera Charolet, a los gastos realizados por la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, 

Norma Layón Aarun, resalta el hecho de que otorgó 3 contratos por un importe total de $1,390,473.72, en donde la renta resulta mayor a la opción de comprar dichos equipos, incluso en el primer contrato se suscribió otro para servicio de mantenimiento del equipo arrendado. En cuanto a la empresa Nordic Tech fundada en el año 1998, no fue encontrada en el domicilio proporcionado, mismo que se relaciona con un local en una plaza comercial y la presunta representante legal se desempeñó como auxiliar administrativo en una empresa ubicada en Matamoros Tamaulipas. 




 El 27 de mayo de 2019 se le otorgó el contrato DA-039/2019 por la cantidad de $811,989.85, para el arrendamiento de equipos de cómputo durante el periodo de 03 de junio al 31 de diciembre de 2019 (1) en el cual, se encontró que el costo de los bienes arrendados es de $424,878.70, dos de características de los equipos arrendados al momento del arrendamiento se encuentran descontinuados y considerados obsoletos. El 29 de agosto de 2019 la responsable otorgó un segundo contrato DA-072/2019 por la cantidad de $265,983.87 para la prestación de servicios de arrendamiento de equipos de cómputo para el periodo de 02 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 (4 meses) (2) El 3 de enero de 2020 otorgó el contrato DA-002/2020 por la cantidad de $312,500.00 para el arrendamiento de Equipos de Cómputo.


 En el año de 2020 la empresa aparece como registrada en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado y no tiene antecedentes visibles de contratos suscritos con otros entes públicos que generen escándalo, por el momento.



 Sin embargo en cuanto a la revisión del concepto 3200 analizada por la Auditoría Superior del Estado, determinó para el ejercicio 2020, mediante el informe individual EELG/MERF/IAMG/IF-UII-PFS-01 Mediante la técnica de inspección, se examinó la información y documentación presentada en su momento, se estimó que ésta es insuficiente para poder considerar el cumplimiento legal y normativo aplicable sobre la comprobación y justificación en relación a los recursos públicos utilizados y administrados del gasto observado. 




 En cuanto al documento E03BER0083 del 27 de marzo de 2020, en el Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Resulta que el gobierno de Norma Layón omitió proporcionar la valuación de mercado donde conste que el arrendamiento de equipos de cómputo resultó mejor opción, que la compra de los mismos. Como resultado de la investigación de mercado del dictamen de excepción a la licitación pública.



 Así también omitió presentar las atribuciones del Secretario Técnico para realizar los procedimientos de adjudicación en suplencia del Comité de Adjudicaciones. También omitió especificar la circunstancia, soporte, espacio o lugar donde se encuentran físicamente los documentos que presuntamente contiene los dispositivos electrónicos referidos o bien, que esos documentos hayan sido migrados a formatos electrónicos; por lo anterior la certificación es por el total de folios del CD/DVD y no así, de cada uno de los archivos que contiene las mismas. Por estas irregularidades y otras el gobierno de Norma Layón, según la ASE Puebla presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de $312,500.00 (Trescientos doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por lo cual se acordó el Pliego de observaciones 0252-20-07/01-E-PO-05






 El regidor texmeluquense José Galindo Yamak exigió que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades encontradas, con respecto al arrendamiento de equipos de cómputo en en el año 2019 que es por mayor cantidad que el determinado en el 2020, a fin de que los responsables cumplan con la ley y sufran las consecuencias de sus actos en contra del erario municipal.

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