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14 de septiembre de 2022

A 10 AÑOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS,

 


 ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS SIGUEN SIN HOMOLOGAR SUS LEYES LOCALES.


 La Ciudad de México es el destino principal para la trata sexual de mujeres provenientes de estados como Veracruz, Puebla, Chiapas y Tlaxcala. Alarmante que el negocio de la pornografía infantil atraiga 3.5 billones de visitas al mes en plataformas digitales. Senadoras y Senadores de distintos Grupos Parlamentarios se reunieron con expertas, expertos, académicos y Magistrados para analizar la implementación y los efectos de la Ley General para Prevenir, 


Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, desde la perspectiva del Poder Judicial. Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo Plural, explicó que esta Ley General se centra “en la reparación de las heridas que las y los sobrevivientes de trata han sufrido, para que puedan mirar hacia el futuro con esperanza y lograr su reintegración social plenamente”.


 En conferencia de prensa, el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Juan José Olvera López, presentó el estudio titulado 


“Análisis de casos en el Poder Judicial de la Federación”, para revisar la información generada en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE). El documento desarrolla estudios tanto cualitativos como cuantitativos sobre los aspectos que pueden ser indicadores de la reacción estatal ante este fenómeno en el que se vulneran los Derechos Humanos de mujeres, niñas y niños que están en situación de pobreza, principalmente. El Magistrado Olvera López destacó que una fortaleza de esta Ley es que protege a la víctima “en todos los sentidos: como sujeta de delito y también creando mecanismos para una reparación integral del daño, son dos factores importantes. Lo digo con toda claridad, en la Ley; me parece que aquí la operación de la persecución está debiendo”. Explicó que es necesario incrementar la pena mínima, que actualmente es de dos años, así como realizar la persecución de quienes forman parte de esta red como consumidores.

 Aunque esta Ley es piedra angular para combatir esta forma de esclavitud moderna, al hacer justiciables todas las violaciones a derechos humanos infligidas por tratantes, externaron su preocupación por la falta de homologación de las leyes locales, así como la urgente necesidad de que los Gobiernos estatales construyan refugios para quienes han logrado escapar de la red de tratantes.


 “Hoy reiteramos ese llamado para hacer cumplir las promesas que la Ley contra la Trata ofrece a las y los sobrevivientes de este delito; reconociendo que toda ley es perfectible y debemos identificar qué aspectos de los últimos 10 años de esta legislación pueden mejorar”, señaló Nancy de la Sierra, Senadora por Puebla. 



 “Sabemos que esta ley ha resuelto al menos mil trece resoluciones contra tratantes de personas, esto sólo en el plano federal; hemos obtenido información muy valiosa para la elaboración de política pública que combata a raíz este mal, como las rutas de tratantes y tipos de delitos más usuales”, expresó Sylvana Beltrones, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, tras analizar el documento. Miguel Ángel Mancera, 


integrante del Grupo Parlamentario del PRD, comentó que el documento permite proponer mejoras a la Ley para fortalecerla, sin embargo, hizo hincapié en justificar las modificaciones para evitar riesgos y generar complicaciones que impidan la correcta impartición de justicia. Guadalupe del Carmen Carrasco, sobreviviente de trata y Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, expresó durante su intervención que existe un gran reto para proteger a las niñas, niños y adolescentes debido a que “el ser humano está cada vez más cegado por la avaricia, la soberbia, ni siquiera se da cuenta el daño que hace, se vuelve más indiferente; tenemos mucha juventud luchando por falsas ideas de éxito y con pocos valores familiares”.


 En la conferencia también participaron el Dr. José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, Director General Universidad Nova en Ciencias Jurídicas; Orlando Camacho, Director General de la Fundación México SOS; Karla Jacinto Romero, sobreviviente del delito de trata de personas y representante de la Fundación Camino a Casa; Nallely Gutierrez, Presidenta de la AMMAC; así como Rodrigo Moreno, Representante de la Revista Valores.
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