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1 de febrero de 2022

La UDLAP rehén de una alianza perversa

 



Fauna Política. Por Rodolfo Herrera Charolet Franklin D. Roosevelt dijo “En política, nada ocurre por casualidad…” y he constatado que tiene razón, aquí un ejemplo. El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta y Roberto Gil Zuarth fueron diputados y senadores por lista y no fueron electos a esos cargos por mayoría relativa, bastó el voto a un partido para que llegaran a ocupar una curul, tanto en la cámara de diputados como de senadores. 

Ambos coincidieron en la cámara alta del 2012 al 2018, Barbosa fungió como presidente de la mesa directiva del senado del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015 y Gil Zuarth lo sucedió en el cargo de 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016. El primero por el PRD el segundo por el PAN. Ambos fueron aliados en el 2010, para la elección Rafael Moreno Valle Rosas como gobernador del Estado de Puebla. En el año 2011 Gil Zuarth fue secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa y coordinador de la precampaña de Josefina Vázquez Mota a la presidencia de la república, posteriormente de la campaña presidencial.



 En las declaraciones de Froylán Gracia Galicia, hombre de confianza de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Roberto Gil Zuarth fue señalado junto a Francisco García Cabeza de Vaca y Felipe de Jesús Cantú, como algunos de los miembros del partido Acción Nacional que presionó para obtener contratos energéticos a cambio de no boicotear la aprobación de la mencionada reforma. 


En aquella trama bochornosa para muchos políticos de la fauna mexicana, fue incluido el ahora gobernador Miguel Barbosa Huerta, como integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática y coordinador parlamentario, acusado de vender su voto en favor de la reforma energética, por 100 mil dólares y el otorgamiento de un cargo para su hermano; aun cuando ha negado dicha componenda.



 El semanario Proceso publicó recientemente un reportaje que evidencia la intervención del gobierno de Puebla en el enfrentamiento legal que sostienen los herederos del millonario William O. Jenkins, así como los diversos intereses de funcionarios del gobierno federal, como del gobernador poblano.


 Dicho diferendo sigue una estrategia presumiblemente elaborada por la firma de abogados de Roberto Gil Zuarth, mediante la cual se pretende despojar a los herederos de la administración de un patrimonio superior a los 720 millones de dólares (14 mil millones de pesos), en el que se incluye el campus universitario de la UDLAP. La argucia legal y uso de la fuerza pública en perjuicio de más de 10 mil personas, entre estudiantes, académicos y personal administrativo. Impulsada por el gobernador poblano, presuntamente en cumplimiento de órdenes judiciales, obedece a una estrategia que habría recibido del despacho de Gil Zuarth y que opera con el nombre de Accuracy Legal & Consulting. 


 La intensión de remover al patronato legalmente constituido es la administración del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins creada por el magnate en el año 1954 y de esta forma controlar los más de 720 millones de dólares. En dicho patrimonio están incluidos los 18 inmuebles, acciones de tres empresas, un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario y automóviles. Fuentes confiables proporcionaron a Proceso, información de la existencia de un documento de 35 cuartillas, que el despacho de Gil Zuarth entregó al gobierno de Puebla; en ella se detalla "la serie de procedimientos y actos administrativos requeridos para llevar a cabo la remoción de los miembros del Patronato" y lograr la "investigación y recuperación internacional de activos". En mayo del mismo año la periodista Gabriela Hemández reportó en Proceso los vínculos entre Gil Zuarth y Barbosa Huerta, en el campo energético, puesto que fue contratado como "asesor" en materia energética para diseñar y presentar un "Modelo de Federalismo Energético 



Sustentable para Puebla". Accuracy es el mismo despacho mediante el cual Gil Zuarth lleva la defensa jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, (también ex compañero senador y de bancada); acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada con base en una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. Fungen como abogados; Gil Zuarth y sus socios Carlos Lezama Fernández del Campo, Roberto Juárez Salinas, Gonzalo José Bolio Benítez y el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury -actualmente encarcelado; Manuel Gerardo MacFarland González, designado delegado del Poder Legislativo en aquella entidad; el abogado Julio Eder Silva Hernández fue designado director de Comunicación Social. 



La firma ha recibido 14 millones de pesos del erario, mediante contratos adjudicados de manera directa, por "asesoría legal", según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Entre las promociones legales que ha encauzado la firma, está la oposición a la reforma energética impulsda por el presidente de la república. En Puebla, la estrategia que Gil Zuarth ofreció a Barbosa se inició durante la gestión del panista Rafael Moreno Valle en Puebla, con la aprobación de una ley que reformó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, institución utilizada en el despojo a la Fundación. La defensa de Gil Zuarth del triunfo de Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle en los comicios de 2018, ante el tribunal electoral, que concluyó con la ratificación de su triunfo, pone en duda la lealtad de Barbosa con el presidente de la república y la 4T y resulta inexplicable la relación profesional y de negocios que mantiene el gobierno de Puebla. Sin duda la UDLAP es rehén de una alianza perversa. ¿O no lo cree usted?
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