José Luis Camacho Acevedo
Dentro de 24 días, el próximo 3 de diciembre, Emilio Lozoya tendrá que presentar las pruebas en contra de las personas a las que ha acusado: los entonces senadores panistas Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle Maury y Francisco García Cabeza de Vaca. Sólo Lavalle Maury ha sido vinculado a proceso.
David Penchyna Grub, quien también fuera senador pero por el PRI, y los ex directores generales de Pemex Carlos Treviño Medina, quien fue director de Pemex entre 2017 y 2018, y José Antonio González, sucesor de Lozoya en la paraestatal.
Los ex candidatos presidenciales José Antonio Meade Kuribreña (PRI) y Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD); los ex presidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
La realidad es que no hay pruebas plenas –como dicen los abogados–, por ejemplo, del supuesto soborno de Penchyna a Cordero, Domínguez y Anaya.
Así como de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, quienes eran sus superiores jerárquicos, en el tiempo en el que se fraguaron los sobornos con dinero proveniente de la petrolera brasileña Odebrecht.
Si hasta ahora no ha aportado ninguna prueba, la verdad es que va a ser muy difícil, por no decir que imposible, que lo haga en diciembre.
Un dato relevante: la defensa de Lozoya ha presentado cuatro solicitudes de prórroga entre julio de 2020 y noviembre de este año.
En un artículo publicado por The Wall Street Jornal (WSJ) el domingo pasado, con base en documentos judiciales en su poder, dos testigos del ex funcionario peñista negaron conocer el testimonio que dio.
El diario estadounidense reveló que entre los testigos está la secretaria personal de Emilio Lozoya, quien, según él, podría corroborar la información de cómo Ricardo Anaya habría recibido un soborno para votara a favor de la reforma energética.
Desde que el ex director general de Pemex fue extraditado, se dio a conocer que el español Baltazar Garzón participó en la negociación para que se le aplicara el criterio de oportunidad pero, después de casi año y medio, el despacho del ex juez se deslindó de ese hecho.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está reaccionando de manera oportuna y determinante, ha dejado en claro que no hay motivo para creer que Lozoya cumpla con los requerimientos para que se le aplique le criterio de oportunidad, por lo que lo más seguro es que Emilio Lozoya pase de 15 a 30 años en la cárcel.
¿Acaso la defensa considera llamar a Enrique Peña y Luis Videgaray para que confirmen que Lozoya acató sus instrucciones? Imposible.
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