José Luis Camacho Acevedo El llamado decretazo, que ya aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador se trata más bien de un acuerdo causó una multitud de reacciones, desde quienes exageran y afirman que se trata de un golpe de Estado, de falta de eficacia y de un golpe a la transparencia.
Pero hay quienes también lo toman como lo que es, un llamado del primer mandatario a todas las dependencias para que se aceleren los trámites para cumplir con uno de sus máximos compromisos de campaña, terminar antes de que concluya su mandato sus obras prioritarias: el tren maya y el nuevo aeropuerto.
El acuerdo también es una declaración de responsabilidad ante la sociedad, un recordatorio a los mexicanos de que le interesa cumplir con sus compromisos, que él no tiene planteado abandonar sus mega proyectos, tal como sucedió con Enrique Peña Nieto y su cancelado tren de alta velocidad México-Querétaro o el añorado tren interurbano México-Tula.
Creo que en el caso mexicano tenemos muchas opiniones sobre lo que ha sido nuestra transición democrática y sus obras prioritarias, pero nos ha faltado construir un argumento sólido sobre lo que hemos construido y sobre lo que podemos perder si se deconstruye esta institucionalidad democrática que hemos logrado.
En este sentido, alertar y asustar sobre presuntos golpes de estado o a la transparencia, podría ser un despropósito, porque López Obrador también ya lo manifestó, se van a rendir cuentas sobre los contratos y trámites que continúen.
Sin embargo, existe un punto en el cual sí debería poner especial atención el Ejecutivo federal y es los posibles conflictos socioambientales, ya que con el acuerdo, Fonatur ya no tendrá que esperar a que se apruebe la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un requisito imprescindible para iniciar cualquier obra, ni esperar a ningún otro permiso: podría iniciar las obras con un margen de un año para recibir el aval definitivo.
En este sentido, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) alertó que lo anterior podría traer consigo la generación de mayores conflictos, lo que vulneraría el desarrollo sostenible y el bienestar social.
Por ende, la figura al frente del Fonatur, tiene que ser una persona de sobrada experiencia para mediar entre los grupos sociales y las organizaciones de la sociedad civil y protectoras del medio ambiente.
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