Fauna Política . Por Rodolfo Herrera Charolet
Realizar una encuesta nacional para contestar “Si” o “No” con un costo superior a 500 millones de pesos, es sin duda un ejercicio democrático como método para recabar la opinión que sustituye a la representación popular.
Sin embargo, este ejercicio democrático también es una forma de distraer la opinión pública en asuntos que no son medulares para la solución de los grandes problemas nacionales. Someter a consulta, la aplicación o no de la ley, es una forma de darle al pueblo “pan y circo” pero no es un medio para solucionar sus carencias.
En primer lugar no sirve saber una opinión en donde el resultado no podría tener mayor efecto que aplicar simplemente la ley. Si los ex presidentes hicieron algo incorrecto y pueden ser enjuiciados, simplemente debe aplicarse el mandamiento legal y no preguntarle a los neófitos mexicanos si creen correcto hacerlo o no. Los presidentes de la república únicamente pueden ser enjuiciados, durante su mandato, por traición a la patria. Si ya no lo son, simplemente deben ser enjuiciados si cometieron en su ejercicio un delito que sea sancionado. Pero si el enjuiciamiento, en su caso, parte de ordenamientos legales creados después de habercometido el delito, no resulta aplicable en virtud de que la Constitución lo prohíbe.
A ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo.
Así que mi pregunta persiste. ¿Para qué preguntar lo que se debe aplicar por ley?
La respuesta sigue siendo la misma, para distraer la atención pública y en su caso realizar simplemente un linchamiento mediático.
La encuesta es utilizada por Morena para conocer una opinión pero no para aplicar su posible resultado, al menos, eso se observó a las encuestas para seleccionar candidatos en varias entidades, distritos y municipios en las pasadas elecciones de 2021. En donde conociéndose la encuesta se decidió el dedazo, por lo que, se designaron candidatos a modo y ligados con la amistad o lazos familiares de los dirigentes, por encima de la voluntad de sus militantes.
La propaganda que ahora se difunde en torno a la consulta popular, no sólo es engañosa, es lamentablemente mentirosa. No hay tal consulta para juzgar expresidentes, la SCJN ordenó la modificación a la pregunta que se realizará para satisfacer al actual presidente de la república y que por su parte él, respete las decisiones del poder judicial especialmente en cuanto sus sueldo y prestaciones. Así que los expertos juzgadores, en su rango de señoría colmaron el interés del Ejecutivo rehaciendo la pregunta para convertirla en un enunciado intrascendente, confuso y manipulable.
Si bien es cierto que el interés del presidente de la república es realizar una amplia difusión del juicio necesario a ex presidentes, también lo es, un linchamiento mediático a modo, como una estrategia publicitaria que condené al pasado y de paso distraiga la opinión pública de los asuntos medulares, cuestionables del actual gobierno.
Responsabilizar del desastre actual a los anteriores, es un método para garantizar una posible mayoría en el referendo presidencial a realizarse en el 2022.
La pregunta que se realizará no se refiere a que si deben enjuiciar a los ex presidentes, sino a que si la autoridad debe o no investigar los presuntos delitos. Como si deba preguntarse al pueblo, si debe o no aplicarse la ley, cuando el gobernante está obligado a ello. Así que la pregunta está dirigida a que “si la fiscalía debe investigar presuntos delitos vinculados a decisiones políticas de años anteriores para brindar justicia a las víctimas”. Así que dicha pregunta no es estrictamente vinculante, pues en la hipótesis de que gane la negativa no se puede eximir de sus responsabilidades al fiscal y si fuera positiva, tampoco.
La pregunta que se realizará equivale a pensar en crear otra encuesta y preguntarles a los ciudadanos si “¿el presidente debe hacer su chamba?”; la respuesta de la mayoría, por no decir todos los encuestados, sería “Sí”. Entonces el resultado, tampoco vinculante, se le informa al titular del ejecutivo; “Señor… dicen los mexicanos que debe hacer su chamba”. ¿De qué sirve esto? De nada, porque la ley obliga a los funcionarios públicos, desde el presidente de la república hasta el más modesto de los empleados, a hacer su chamba.
¿O no lo cree usted?
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